De acuerdo a la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la enfermedad COVID-19 como pandemia, lo cual diera fundamento al Decreto N° 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, al Decreto Nº 213/2020 del Poder Ejecutivo Provincial y a los Decretos Municipales, se declaró la emergencia sanitaria en la ciudad de Santa Fe por noventa días.
En esta línea, el decreto aprobado por el cuerpo legislativo estableció las infracciones correspondientes a las normativas que tienden a la prevención de la propagación de la COVID-19 y a los comportamientos que transgredan disposiciones dictadas por cualquiera de los niveles de gobierno.
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Infracciones y penalidades
A partir de la situación epidemiológica de excepción, se incorporó al Régimen de Infracciones y Penalidades, multas de entre 100 a 1000 UF para quienes omitan el cumplimiento de las medidas o disposiciones adoptadas por autoridades competentes, por razones de seguridad, higiene y/o sanitarias. Entre estos casos, se incluyen el no uso de los denominados “tapabocas”.
Asimismo, se estableció multas de 30 a 300 UF para quienes circulen sin permiso o con permiso vencido o con vehículo no patentado, de acuerdo a las disposiciones vigentes.
En tanto, cuando el conductor viole las normas dictadas por autoridad competente que limiten la circulación por razones de salud pública y/o con el objeto de impedir la propagación de la pandemia, será sancionado con multa de 100 a 1000 UF, y con inhabilitación para conducir de entre 15 y 180 días.
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Medidas para taxis, remises y transportes escolares
Por último, como medida paliativa en el contexto económico adverso generado por la pandemia, se habilitó a los servicios de taxi, remises y transportes escolares para el transporte de bienes no alimenticios en entregas puerta a puerta o reparto a domicilio, siempre que se remitan a operaciones de compraventa de comercios habilitados de la ciudad.
Ley de “Estado de Necesidad Pública”
El Concejo adhirió a la ley que declara la emergencia “en materia Social, Alimentaria y Sanitaria, de las Contrataciones Públicas, Financieras y de Seguridad en la provincia de Santa Fe, hasta el 30 de junio de 2021”. La norma tiene como objetivo que el Estado se valga de los medios necesarios para revertir la situación que lleva a declarar el estado de necesidad pública.
