El diputado provincial Fabián "Palo" Oliver es autor de un proyecto de ley que pretende incorporar a la violencia política, entre los distintos tipos enumerados por la Ley de protección integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer.
La actual normativa reconoce entre los distintos tipos de violencia a la física, la sexual, la psicológica, la económica y la simbólica. Esta iniciativa propone –en consonancia con la modificación hecha por la ley 27.533 a la norma nacional- incluir también la violencia política que es aquella que se dirige a “menoscabar, anular, impedir, retardar, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho de participar”.
Entre los fundamentos, el legislador sostuvo que “la violencia política que sufren las mujeres por razones de género en los sistemas democráticos no es reciente y a pesar de los avances, existen muchas limitaciones impuestas para el desempeño de funciones en la vida política y pública.
Esto genera una baja representación de la mujer en los ámbitos de decisión política y de poder, lo que se traduce en democracias restringidas, que a su vez consolidan la opresión sufrida por las mujeres.
Otro aspecto que colabora en la conformación del escenario de representación desigual es la doble responsabilidad, en términos generales, que aún hoy recae sobre las mujeres y no sobre los hombres. A pesar de la evolución que ha experimentado la sociedad, a las mujeres se les sigue asignando una responsabilidad mayor que al hombre en lo relativo al ámbito familiar. Responsabilidad que debe asumir en simultáneo con la exigencia que recae sobre ella en el marco de su actividad política y esto la coloca en una situación clara de desventaja”
Asimismo, la ley menciona diversas formas que asume la violencia hacia las mujeres. Entre las modalidades actualmente reconocidas podemos citar: la doméstica, la institucional, la laboral, la que restringe la libertad reproductiva, la obstétrica y la mediática. El proyecto propone incorporar la violencia pública-política y la define como “aquella que fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida, limite y retarde el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política de las mujeres, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.
