Las entidades agropecuarias llevan adelante su tercer día de lockout, al tiempo que se cumplen 12 años de la presentación de la Resolución 125, la medida establecida por el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández para fijar retenciones móviles a las exportaciones de granos, y que derivó en un conflicto con protestas, rutas cortadas y el voto "no positivo" del ex vicepresidente Julio Cobos.
Luego del aumento del 3% a las exportaciones de la soja efectivizada por el Gobierno Nacional, la Mesa de Enlace decretó un paro por cuatro días que finalizará a las 24 de este jueves.
En los primeros dos días, el paro no registró un acatamiento relevante en los puertos cercanos a Rosario, donde hubo presencia de 4.324 camiones cargados con granos con destino a embarques externos.
Por su parte, en el Mercado de Hacienda de Liniers ingresaron 2.516 animales, un volumen varias veces superior a la habitual para la operatoria de un día lunes, pese al inicio de la medida dispuesta por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA). La Federación Agraria, finalmente, dejó en libertad de acción a sus bases.
Cuestionamientos
En el día de ayer, el presidente Alberto Fernández volvió a criticar el paro del campo . Durante un acto en la localidad de Quilmes , el jefe del Estado no ocultó su malestar con la medida de fuerza: "Me duele mucho la intolerancia de quienes no entienden y a veces hacen paros raros ", sostuvo. "No tenemos a los medios, pero tenemos la razón. Por eso, la mayoría de los argentinos nos van a acompañar", afirmó.
Ley 125
La resolución 125, como se conoció la medida, desató una pelea que duró cuatro meses, con cortes de rutas y una sociedad en vilo por la pelea campo-gobierno. Martín Lousteau, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner, anunció un sistema de retenciones móviles para el agro con foco en la soja. En este cultivo, se subía la alícuota del 35% a casi un 44,1%, alcanzando luego un tope de 48,7%. Además, con precios de exportación superiores a US$600 la tonelada, la alícuota marginal era del 95%. Es decir, el Estado pasaba a quedarse prácticamente con toda la mejora por encima de ese valor. Para el campo, representaba una medida confiscatoria.