La Universidad Católica Argentina (UCA) presentó un informe acerca de los índices de pobreza y el resultado arrojó que hubo un aumento de la pobreza multidimensional que pasó de 31,4% al 37,5%.

La pobreza multidimensional entrecruza datos de ingresos monetarios con carencias de derechos. Se analiza a la población en base a la privación de derechos relacionados con alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medioambiente, educación, empleo y seguridad social, y las relaciona con ingresos.

Las razones del incremento en la pobreza multidimensional pueden encontrarse en la fuerte inflación que marcó 53,8% el año pasado y una devaluación mayor al 40% que provocó una importante caída del salario, pérdida de empleo y mayor precarización laboral en un contexto estancamiento económico.

En 2019 la pobreza monetaria medida por la UCA fue del 40,8% y esta medición multidimensional arrojó el número cercano de 37,5% debido a que en definitiva se correlacionan. Es decir, la cantidad de pobres que no pueden cumplir con la canasta básica y además sufren carencias en relación a más de un derecho.

Alimentación, salud y empleo

Entre los datos más relevantes que se desprenden del informe, en alimentación y salud se experimentó una suba más marcada ya que en un año se pasó del 22,8% al 26,6%. Dentro de este segmento el no acceso a la atención medica en un año avanzó de 17,7% a 21,1%, en tanto la falta de medicamentos subió al 18,9. En tanto, la inseguridad alimentaria, es decir tener hambre, pasó 6% a 7,4% por lo que el año pasado unos 3,1 millones de argentinos pasaron hambre.

En relación al acceso al empleo pleno y la seguridad social se observó un deterioro significativo, particularmente a partir de 2016, pasando del 25% al 30% del total.

Por último, la vivienda y el acceso a servicios básicos fueron dos indicadores que mejoraron en el 2019.

En cuanto a servicios básicos, los hogares que presentan privación pasan de representar del 38% en 2010 al 30% en 2019. Y en el acceso a vivienda el año pasado un poco más de 2 de cada 10 hogares no accedían a una vivienda adecuada tanto por sus materiales, espacio o disponibilidad de servicio sanitario cuando en 2010 era casi del 29%.