Continúan las disputas por el proyecto de reforma de las jubilaciones de privilegio impulsado por el Gobierno nacional. El rechazo se extendió a todo el país y la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) emitió un pronunciamiento en el que considera que la iniciativa es violatoria de la independencia judicial e inconstitucional.

Son once las provincias que, durante la década de 1990, transfirieron sus cajas de jubilaciones provinciales al Estado nacional. La medida alcanzaría a los jueces de estos territorios.

Así, por ejemplo, los jueces de la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Santiago del Estero, San Luis, Tucumán, San Juan y Salta cobran jubilaciones de la Anses y verán afectados sus ingresos. Una reducción de la jubilación y un aumento de los aportes afectaría su salario real de bolsillo de manera significativa.

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Las provincias que no están incluidas podrían sumarse a partir de que gobernadores afines al Gobierno promuevan legislaciones similares.

Comunicado de la FAM

Desde la FAM emitieron un comunicado que fue producto de una reunión de su Consejo de Administración. Manifestaron que es el único organismo legitimado para representar los intereses de los casi 15.700 funcionarios y magistrados que la componen.

Los jueces buscan participar la semana próxima del debate en comisiones en el Congreso, según dijo a La Nación el presidente de la Federación, Ariel Ariza. Señaló que los argumentos fiscales para promover el proyecto “no parecen tener consistencia”. Sostuvo que “si hubiera que hacer esfuerzos del sector estatal deberían ser mas extendidos y no limitados al Poder Judicial”.