Imputaron a Javier González Fraga por permitir el endeudamiento de Vicentin

El fiscal Pollicita abrió una investigación contra el ex presidente del Banco Nación por irregularidades en la entrega de financiamiento a la empresa santafesina.

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy a Javier González Fraga, ex presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, en la causa que investiga si las autoridades de la entidad bancaria estatal cometieron algún ilícito al permitir a la empresa Vicentin tomar deuda por unos $18.500 millones en contra de las normativas que rigen el funcionamiento del banco.

También fueron imputados Alberto Padoán y Gustavo Nardelli, directivos de la compañía cerealera, que fue la principal aportante de dinero en la campaña presidencial de Macri en 2019.

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A principios de diciembre 2019 Vicentin informó que entró en un proceso de reestructuración de pagos producto de un estrés financiero. Como consecuencia, la principal aceitera de Santa Fe y una de las más grandes del país, entró en cesación de pagos con una deuda bancaria total superior a los $23.500 millones.

De su total, $18.500 millones correspondían a un crédito otorgado por el Banco Nación, lo que provocó fuertes críticas a la conducción de González Fraga en el Banco Nación ya que este crédito superó los límites establecidos por la normativa bancaria, además de representar más del 20% del patrimonio computable de la entidad.

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Para llevar adelante la imputación, el fiscal Pollicita se basó en una denuncia realizada por el ex diputado, economista y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien señaló que “el proceso de endeudamiento que fue acumulando Vicentín con el Banco Nación superó los límites a los que podía acceder en función de la normativa correspondiente fijada por el ente regulador para las grandes empresas. Sin embargo y sin fundamento alguno la empresa obtuvo la refinanciación que requería sin hacer las cancelaciones correspondientes para volver a encuadrar en la normativa. Extrañamente la decisión de violar la normativa del Banco Central para grandes empresas no fue tomada por un acto administrativo del directorio del Banco. Fue una decisión que corrió bajo la responsabilidad de las gerencias a cargo”.