El fiscal Carlos Rívolo pidió mandar a juicio oral a los ex jefes de Gabinete de Cristina Kirchner Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a ex secretarios de Ambiente y casi medio centenar de intendentes por defraudación al Estado por unos 600 millones de pesos.

 

Se trata de la causa que investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades de todo el país llevaran adelante tratamientos de residuos. Además, el fiscal sostuvo que hay que profundizar la investigación sobre el rol del Tribunal de Cuentas de la provincia de Chaco en la aprobación de las rendiciones de cuentas de algunos municipios y que podrían ser delitos.

“No podemos dejar de resaltar que la República Argentina se ha obligado a perseguir y sancionar actos de corrupción como el que es objeto de estos actuados”, sostuvo Rívolo en el dictamen. Ahora, las defensas harán su lectura de las pruebas de cara al pedido fiscal. Y el juez evaluará si, con las pruebas que hay, el caso se manda a juicio oral.

La causa

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía la Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron. Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales“, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

En diciembre de 2017, Bonadio había firmado los procesamientos de Fernández y Capitanich, y le dictó la falta de mérito a Abal Medina. Pero Rivolo apeló y la Cámara le dio la razón. También quedaron procesados ex secretarios de Medio Ambiente como Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi; y Andrés Meiszner, ex jefe de asesores.

Hubo además casi un centenar de intendentes de todo el país procesados, aunque la Cámara Federal solo confirmó la mitad. Entre ellos están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona.

Por su parte, los intendentes, “percibieron los fondos, en representación de sus respectivos municipios, y que en sus respectivas administraciones los destinaron a fines distintos a lo acordado”, dijo la fiscalía.