Según indicó en tal sentido Mariela Peña (Acdisfe), la ciudad tiene, “por un lado, colegas o compañeros con habilitaciones de taxi, remis, transporte escolar, que tienen que cubrir una cantidad de requisitos legales, impositivos, y después tenemos personas que realizan la prestación, sin contar con este marco normativo y sin pagar, también”.

Es la misma discusión que se da con Uber, taxis, remises: al no existir un marco normativo específico se dan todas estas lagunas que generan serios conflictos, “que tienen que ver no solo con el transporte sino con las personas con discapacidad, que tengan un traslado seguro, eficiente”, relacionó Peña, al tiempo que consideró que “si nosotros pensamos que tienen que tener un seguro específico, que tienen que tener una habilitación le estamos dando también herramientas a la persona con discapacidad para evaluar el servicio que se presta”.

Además, Peña manifestó que si los prestadores se acercan a la Municipalidad “se encuentran con que, desde Transporte, les dicen que la actividad no está regulada, no les dan respuesta, y por eso no pueden manifestar esa situación que están pasando, que muchas veces es de vulnerabilidad, no porque el prestador le genere un problema, sino porque no hay un marco normativo que lo regule”, y eso “también es una situación que pasa a nivel provincial porque la ley provincial de transporte tampoco regula esta situación, entonces es toda una laguna que vulnera los derechos de las personas con discapacidad, que son el centro del servicio, pero también del prestador, porque no le da un amparo legal frente a cualquier situación que pueda pasar”.

Sobre la tarifa para el traslado de personas con discapacidad, la especialista aseguró que está establecida por ley nacional 24901. Al respecto, explicó que “el piso del valor del kilómetro, que en todo el territorio del país es el mismo -salvo en la Patagonia, que tiene un incremento, por ser una zona desfavorable-, pero está ya regulado, y no va a ser competencia de la municipalidad regular el valor del kilómetro; pero sí darle el marco normativo de cómo se va a prestar en el ejido urbano ese servicio”.

En tanto, la concejal Marcela Aeberhard, promotora la iniciativa en el Concejo Municipal, adelantó a El Litoral que su equipo se encuentra dialogando con los sectores que entienden en la materia sobre un traslado especializado de personas con discapacidad: “esto es distinto a la adaptación de taxis que funciona en la órbita municipal y tiene que ver con una nómina de familias que necesitan no solamente asistir a un centro de día sino también generar actividad social, cultural, recreativa y que tiene que ver con muchos prestadores que ya hoy están operando en el sistema, pero la faltante de norma jurídica hace que muchas veces no puedan pasar ese servicio a las obras sociales por la falta de habilitación. Esta norma vendría a cubrir un vacío legal que nosotros entendemos que hay en la ciudad de Santa Fe”. “No creemos que entre en conflicto con otros servicios, viene a cubrir algo que falta: norma”, concluyó.