Para el fiscal federal, Walter Rodríguez, la información suministrada por un anónimo e impulsada por la Protex, resultó inverosímil a los fines investigativos.

El ataque al parrillero Horacio Borda ocurrido a fines de marzo en su local de avenida Blas Parera al 9300 tuvo como correlato dos investigaciones penales. La primera, en el ámbito de la Justicia provincial, por las lesiones graves que, el 15 de julio, con el fallecimiento de la víctima, convirtió la causa en “homicidio”. La segunda: una denuncia anónima que instó la Protex a través de la Justicia Federal y que apuntaba a la presunta explotación sexual de personas por parte de uno de los implicados en la gresca, señalado como puntero del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS).

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Actualmente, un hombre identificado como Marcos A. Toledo (27) se encuentra en prisión preventiva, cautelar que fue dictada el 24 de abril y ratificada este mes por la Cámara de Apelación Penal al rechazar los planteos de la defensa que pretendió desincriminarlo. Toledo, aparece como quien golpeó al comerciante de 52 años con un caño de gas en la cabeza, por lo que se encuentra acusado como autor del delito de “homicidio simple”.

En tanto, su padre, Roberto Toledo, quien también estuvo involucrado en la pelea y atraviesa el proceso en libertad, fue denunciado el 16 de abril ante el Comité Ejecutivo Para la Lucha Contra la Trata, por un anónimo, que lo responsabilizaba por delitos vinculados a la explotación sexual de personas, al amparo de un sector del poder político provincial.

Archivo

Sobre este último tópico, el fiscal Federal N° 2, Walter Rodríguez, solicitó a comienzos de mes el archivo de las actuaciones en relación a un supuesto caso de trata. Para la fiscalía no solo no se corroboraron los hechos denunciados, sino que considera que pudo ser utilizado únicamente a los fines de empañar la imagen del principal candidato en la campaña por la intendencia.

El planteo fiscal deberá ser analizado por el juez federal N° 2 Francisco Miño, que será quien decida si hace lugar al pedido de archivo del fiscal Rodríguez.

No obstante, los argumentos del Ministerio Público Fiscal (MPF) lucen convincentes en cuanto a la falta de sustento de las actuaciones instadas por la fiscal María Alejandra Magnano de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en base a una presentación anónima.

Rodríguez cuestionó la forma en que se realizó el trabajo de campo, puesto que la “información recabada en territorio” tiene sustento en entrevistas no documentadas y con supuestas víctimas, cuyas identidades son desconocidas, lo mismo que sus entrevistadores. También advirtió como irregular la “vigilancia por sujetos desconocidos en vehículos no identificados” que proporcionaron datos de personas y lugares donde se cometía el supuesto ilícito.

Una foto parecida

Sobre la denunciante, que se presentó como “una vecina de la ciudad y militante de la lucha por los derechos de las mujeres”, dijo que nunca quiso ratificar personalmente lo actuado, a pesar de las garantías dadas para mantener su anonimato. Es más, llamó la atención al fiscal que quien se presenta como denunciante redacta un mail en el que abundan referencias de conocimientos jurídicos específicos, lo que hace sospechar de que no se trató de una simple vecina.

Aunque no lo confirmó, el Dr. Rodríguez sospecha que la vecina anónima podría ser una funcionaria municipal de rango, dado que la línea de WhatsApp utilizada para contactarse con la Justicia tenía como foto de perfil el 4 de abril, es decir unos pocos días antes de la denuncia, la imagen de una mujer cuyos rasgos fisonómicos serían coincidentes con los de dicha funcionaria.

Pasacalles y piñas

La muerte del parrillero Horacio Borda puso de relieve la pelea por el territorio que llevan adelante en época de campaña los punteros políticos de los partidos con mayor presencia en la ciudad. De hecho, de las actuaciones judiciales por el homicidio surge que la pelea suscitada el 29 de marzo de 2019 en su local, fue el resultado de una escaramuza producida un día antes por la pegatina de carteles y pasacalles.

Ese fatídico 29 de marzo, pasada la medianoche, Marcos Toledo ingresó al local gastronómico de la víctima junto a otras tres personas, entre las que se encontraba su padre Roberto y otros dos sujetos no identificados. Llegaron en un utilitario Peugeot Partner, se bajaron con caños de gas, e ingresaron al inmueble, donde increparon y agredieron físicamente a una persona que estaba en el lugar. El revuelo devino en una gresca generalizada en la que intervino el dueño del comercio, que al intentar separar recibió un duro golpe en la cabeza, por el que permaneció tres mees y medio internado y falleció el 15 de julio.