Es el vicedirector de la escuela Roberto Fontanarrosa, quien habría manoseado a una asistente escolar de 26 años.

Un juez denegó ayer la libertad y salidas laborales al vicedirector de la escuela Nº 1.380 "Roberto Fontanarrosa". Lo investigan por abuso sexual simple contra una asistente escolar, una joven de 26 años.

Además le ratificó la prisión preventiva domiciliaria por seis meses que cumple desde que fue imputado, a principios de junio.

La Fiscalía prepara la acusación con un pedido de pena de siete años de prisión efectiva con vistas al juicio oral y público. "La víctima reclamó que se lo condene", enfatizó la fiscal a cargo de impulsar el caso.

Audiencia

En el marco de una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal de Rosario (CJP) la defensa de Javier A. B., de 43 años, encabezada por el abogado penalista Jorge Bedouret, incorporó testimonios con el propósito de mejorar su imagen y despegarlo de los graves hechos que le atribuyen.

Además de tildar de excesivo el plazo de prisión preventiva de seis meses ordenado el 4 de junio cuando fue imputado, el defensor leyó la declaración de al menos cinco testigos que describieron al imputado como una "buena persona, solidaria y respetuosa". Y otros que indicaron que con la denuncia se buscó correrlo de su actividad política.

Bedouret dijo que lo quisieron perjudicar, ya que figuraba en una lista de los comicios de Amsafé que se realizaron el 19 de junio. Tras el escándalo, bajó su postulación.

"Venimos a defender su buen nombre y honor. Los hechos son falsos", recalcó el abogado y detalló que su asistido no tiene antecedentes, está sin trabajar y debe mantener tres hijos. Y expuso que el Ministerio de Educación lo autorizó a trabajar en un Centro de Capacitación Laboral mientras se instruye el sumario administrativo y avanza la causa penal. Por eso solicitó la libertad o que se le otorguen salidas laborales.


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La fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, Nora Marull, se mostró sorprendida por el llamado a audiencia y solicitó que se la declare nula. Después pidió validar lo volcado en la imputativa, donde exhibió las evidencias incriminantes contra el docente. "No comparto lo que dijo Bedouret. Los testigos que citó eran personas que ya no trabajaban con el docente", remarcó y recordó que hubo otras víctimas, cuya situación no se profundizó pero desembocó en que lo corrieran de director a vice en años anteriores.

Refirió declaraciones que demuestran que "llegaba alcoholizado a la escuela. Tengo más de 50 testigos. Quieren llevar esto al plano político, pero no es así. La imputación es clara y está basada en el relato de la víctima", refutó.

Solicitó que se confirme la prisión preventiva, formuló la acusación (la audiencia preliminar se fijó para el 19 de septiembre) con un pedido de pena de siete años de prisión efectiva por dos hechos de abuso sexual simple, en concurso real, agravado por el contexto de violencia de género y la asimetría de poder en el contexto laboral.

Al resolver, el juez Pinto rechazó el pedido de nulidad de la audiencia. Luego calificó los testimonios incorporados por la defensa como "testigos de concepto", es decir, que hablan de su personalidad.

"Tenemos el relato de la víctima que resulta apoyado en pruebas objetivas, que son audios de WhatsApp y capturas de pantalla", recordó Pinto sobre indicios claros de que pidió ayuda a dos compañeras luego de ser abusada.

La fiscal le había imputado dos hechos. El 30 de mayo, cuando se acercó a la víctima por detrás, le bajó y besó la cabeza por la fuerza y le pasó las manos por los pechos y la cola. Y otro el 3 de junio, cuando la obligó a ir al baño, la besó contra su voluntad, llevó la mano de la mujer a su pene (estaba fuera del pantalón) y la obligó a tocarlo.