Alivio para Gobierno: la Corte dilata definición en fallo previsional clave

Si no hay consenso esta semana, pasará al segundo semestre. Discusión técnica obtura mayoría para sentencia de alto impacto que podría significar un “Badaro 2”. Casa Rosada alerta. Único pendiente del Máximo Tribunal.

Sin acuerdo para una mayoría, la Corte Suprema encara la última semana previa a la feria judicial de invierno sin poder completar su checklist de fallos programados para el primer semestre. Desde hace tres semanas, el máximo Tribunal discute los alcances de una sentencia que la Casa Rosada mira con pavor por su efecto fiscal, en períodos de cuidar la “caja”: un amparo colectivo en materia previsional que superaría, por su alcance, todas las decisiones previas que adoptó la Corte y que apuntalaría una versión dos del histórico caso “Badaro”.

Debate interno

Lo concreto es que el debate interno en el seno del Tribunal discurre por carriles técnicos, no políticos. Eso descomprime la ansiedad en el cuarto piso del Palacio de Tribunales respecto a una resolución que podría quedar para el segundo semestre. Y llevaría alivio al Gobierno, con una mirada a corto plazo. Si como todo indica se difiere en el tiempo un fallo de esas características también puede leerse que impactará en pleno calendario electoral.

La Corte ingresó en su propio laberinto. Entre la serie de casos que se fijó como meta, sería el primero que incumpla dentro de su propia agenda programada. Tal como reveló Ámbito Financiero, este caso incrementó su velocidad interna desde septiembre de 2018, incluso una semana antes que Ricardo Lorenzetti debiera entregar la presidencia a Carlos Rosenkrantz. Tuvo un impasse y fue puesto en la nueva agenda 2019. Es el expediente D.45/2009 “Defensor del Pueblo de la Nación contra Estado Nacional Amparos y Sumarísimos” y se trata de un reclamo por el ajuste de la movilidad jubilatoria por el período comprendido entre 2002 y 2006.

El máximo tribunal debe resolver si extiende los alcances del caso Badaro

El primer interrogante a despejar quedó inconcluso aún: si el Defensor del Pueblo tiene legitimidad o no para iniciar una acción colectiva en representación de un universo de personas impactadas por el reclamo judicial. El segundo es si la demanda por reajuste corresponde o no. La Corte quedó empantanada y sin mayoría en la primera pregunta.

Discusión

La discusión atravesó las mayorías circunstanciales en la Corte y apuntó a un aspecto exclusivamente técnico. Esto es si consideran al Defensor con legitimación plena o le establecen límites. El debate gira en torno a proyectar el efecto futuro que podría establecer esta doctrina y un aval para que esa figura institucional –hoy vacante- permita acciones de clase de variado origen y extensión.

Otro aspecto problemático es la inacción del Congreso en cuanto a regulación de las acciones colectivas como tales, una de las mandas incumplidas del fallo “Halabi” que es el faro con el que se guían resoluciones con impacto en un universo determinado de personas. Tampoco se logró la cobertura de ese cargo, una mora que la propia Corte reclamó por escrito en el fallo de las tarifas de 2016. Esta discusión se precipitó de manera inesperada (y tardía) lo que colaboró con la ausencia de consenso interno para poder respetar el último caso del cronograma previsto. Las chances de que se destrabe este conflicto son mínimas durante esta semana. Luego habrá dos semanas de impasse y la intención de resetear la agenda con miras al segundo semestre pero sin casos de impacto fiscal.

Alivio

El Gobierno respirará aliviado con este escenario en el que compra tiempo, al menos para llegar a las PASO sin arrastrar una sentencia que podría ser adversa en términos fiscales si la Corte convalida el reclamo iniciado hace una década. Pero la alegría de la “mesa judicial” tiene su contracara: la Corte, más allá de que no incluya casos de alto impacto para la temporada electoral, ha diferido una serie de decisiones de impacto político.

Entre los pendientes está la decisión sobre la demanda de las provincias sobre el decreto que eliminó el denominado “Fondo Sojero”. La Corte mandó al Gobierno y a los demandantes a una instancia de diálogo luego de escucharlos en audiencia pública. Está lejos de madurar una decisión pero se avanzó un tramo en una causa fuera de agenda.

También se especula con una definición luego de haber cumplido con el mismo trámite de exposición de 40 municipios que reclaman seguir cobrando una tasa que representa el 40% de sus ingresos a las petroleras que operan con carga de combustible en sus distritos. Por goteo, continuarán las firmas de casos análogos a “Blanco” que marcó el primer revés en materia previsional de alto impacto, tanto en la Corte con alrededor de 15.000 casos como en otras instancias donde tramitan un 90% adicional de expedientes que tendrían el mismo destino.

Pero a la “mesa judicial” intrigó especialmente el caso que escaló sobre la legitimidad o no del diputado Felipe Solá para intentar voltear el decreto con el que Mauricio Macri autorizó a los familiares de funcionarios a acceder al blanqueo de capitales. Se discute sólo la cuestión de su legitimidad para demandar. Pero en el aspecto técnico interesó a la Corte que el planteo se hubiese encarado no es su calidad de legislador, sino en la de “ciudadano”. El caso posee un dictamen de la Procuración General que rechaza a Solá. Para la “mesa”, el riesgo es que la Corte pueda habilitar el reclamo y así torpedear una decisión que impactará en el propio Presidente.