Lo remarcó su defensa en el alegato de cierre y dijo que antes de la tragedia "todo era más laxo". El martes que viene se conocerá el veredicto.

La defensa del gasista Carlos García, quien manipulaba el regulador de gas el día en que estalló el edificio de calle Salta 2141, aseguró ayer que el matriculado no actuó clandestinamente, sino que lo hizo en el marco de autorizaciones verbales y laxas, y "condicionado por una serie de irregularidades que anidaron en el proceso privatizador de las empresas de servicios públicos que se dio en la década del 90".

La postura del defensor Hugo Bufarini llegó en el marco de la última jornada de alegatos de cierre del juicio oral y público que busca determinar las responsabilidades penales por el estallido que se cobró 22 vidas el 6 de agosto de 2013.

Imputados

El proceso judicial tiene 11 personas imputadas por el delito de estrago culposo agravado por las muertes, entre las que se encuentran dos gasistas, un ayudante, tres integrantes de la administración de consorcio, tres inspectores de Litoral Gas y dos empleados jerárquicos de la misma empresa.

El tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala se tomará ahora unos días para analizar todas las posturas expuestas a lo largo de estos casi dos meses que lleva el juicio. Y el martes que viene dará a conocer el veredicto.

Entre los condicionamientos que rodearon el accionar del gasista García, Bufarini puntualizó "un contexto social, económico, político, laboral y humano" y subrayó que la tragedia "germinó antes del 6 de agosto de 2013. Anidó en las privatizaciones de las empresas distribuidoras de servicios públicos", subrayó.

Litoral Gas

A su entender, al nacer Litoral Gas (producto de la desaparición de Gas del Estado), "la empresa empezó a fijar pautas propias de un criterio economicista. Esos criterios condicionaron a García. Por crisis, falta de rentabilidad o pura avaricia, la empresa evitó hacer mantenimientos y capacitaciones", aseguró.

Bufarini dijo que todo cambió después de la tragedia de calle Salta, y basándose en testimonios de testigos que pasaron a lo largo de estos dos meses por el juicio, detalló que no fueron pocos los gasistas que confirmaron que la empresa no solicitaba formularios para realizar cortes del servicio.

El defensor puntualizó que "hay muchas dudas" con respecto a lo que sucedió el día de la tragedia, y basado en esas dudas y el principio que reza "en caso de duda se favorecerá al imputado", solicitó la absolución de García.

No obstante, le pidió al Tribunal que, si eso no sucediera, la sanción a su defendido no supere el mínimo que establece la ley para este delito, es decir, un año de prisión y de cumplimiento en suspenso.

"Andá y hacélo"

El defensor del gasista destacó que el 1º de agosto de 2013, García se presentó en la oficina técnica de Litoral Gas, se registró en un libro y fue atendido por el empleado Carlos Vila. "El fue para decir que iba a cambiar un regulador, Vila le preguntó qué nivel de matrícula tenía y le dijo: «Andá y hacélo»", aseguró.

Después de la tragedia y al ser requerido por la Justicia, Vila dijo que no conocía a García. "Pedimos en su momento un careo, pero no accedieron. Menos mal que la presencia de García quedó asentada en el libro de registros, si no hasta hubieran negado que fue a la empresa", indicó ayer.

Siguiendo ese argumento, destacó que la empresa "trabajaba así. Todo era informal, de palabra. Los gasistas que declararon en este juicio dijeron lo mismo", indicó y remarcó: "A los gasistas la empresa los trataba como reclamistas (empleados de Litoral Gas)".

"«Andá y hacélo» significaba operar la válvula de servicio y eso era responsabilidad de la empresa. García lo hizo y hoy está acá imputado. Alguien pretende que él asuma la responsabilidad de otro. Ese es el juego perverso en el que estamos", señaló.

En tal sentido, subrayó que su defendido está imputado porque "hubo una empresa que actuaba mal y que cambió radicalmente su accionar luego de la tragedia de Salta 2141".

Desde ese día desapareció el «andá y hacélo»", indicó, al tiempo que recordó una pericia contable que evidenció cómo la empresa aumentó su nivel de inversión luego de agosto de 2013.

También recordó que García siempre dijo lo mismo, desde el primer día que le tomaron indagatoria. "Señaló que llegó, cerró la válvula de servicio y escuchó que hizo tope". Y que luego, tras una maniobras y al hacer un venteo con un destornillador, se produjo el desacople.

Manto de dudas

Esa válvula fue peritada pero la defensa de García objetó la pericia. "La hizo la empresa GIE, que entre sus clientes tiene a Techint, empresa de la que depende Litoral Gas", explicó Bufarini.

A raíz de esto se le pidió otra pericia a la Policía Judicial de Córdoba. "Pero ellos se limitaron a analizar la otra pericia. Es decir, hicieron una pericia administrativa. Una pericia de la pericia. No vieron los elementos y la válvula", señaló Bufarini.

Es a raíz de esto que aseguró que esas pericias "tienen un manto de duda" y subrayó: "Lo que hizo García el 6 de agosto era lo habitual. Todos los gasistas manipulaban la válvula de servicio, no iba el reclamista de Litoral Gas a hacerlo. El trabajo de García fue antirreglamentario, sí, pero quien comenzó a trasgredir las normas fue la licenciataria", puntualizó.

El letrado concluyó remarcando que lo que sucede ahora "es un conflicto entre un débil y un poderoso" y sin medias tintas aseguró: "Si no hubiese pasado esta tragedia, hoy los gasistas seguirían trabajando con la orden «andá y hacélo»".