Para el Gobierno no tienen sentido porque el 11 de agosto no habrá competencia interna en los partidos. ¿Se pueden suspender?

Las negociaciones en la mayoría de las alianzas electorales se encaminan a que haya lista única en los cargos electivos principales, entre ellos, las fórmulas presidenciales.

Hace unos días se conoció el monto que le implica al Estado la realización de la primarias nacionales, hecho que motivó que tanto el oficialismo como la oposición evitarán que las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) sean el mecanismo que defina las candidaturas partidarias.

¿Qué debería suceder para que se suspendan las PASO?

La explicación la dio el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior de la Nación, Adrián Pérez, quien advirtió que para ello tendría que alcanzarse un "acuerdo político" y que se sancione una ley con mayoría especial en el Congreso de la Nación.

"No hay forma de hacerlo con un DNU porque no se puede. Tendría que ser un acuerdo que pase por el Congreso y que se suspenda para esta coyuntura, que no va a haber competencia entre las fuerzas", precisó Pérez en diálogo la prensa.

El funcionario de Interior puso en duda "si se está a tiempo para tener un acuerdo" entre los distintos bloques políticos con representación en el Congreso. La organización del escrutinio tiene un alto costo para no dirimir ninguna candidatura. "El sentido de esta ley era que la ciudadanía pueda participar de una interna abierta entre los candidatos de las fuerzas políticas. Obviamente, cuando hay listas únicas, se pierde el sentido original de esta ley", afirmó el secretario de Asuntos Políticos.

Consultado sobre con el umbral del 1,5% de votos que exige las PASO para competir en las elecciones, Pérez aclaró que de existir un consenso para suspender los comicios, lo lógico sería que todas las alianzas puedan "ir directamente a las elecciones generales". Es decir, se eliminaría el piso mínimo de sufragios exigido a los partidos políticos.

Las elecciones primarias se instituyeron a través de la Ley 26.571 sancionada en 2009, tras la derrota legislativa que sufrió el kirchnerismo ese año. Como advierte el título de la normativa, el objetivo apuntaba a la "democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral".