Quedaron presos. La audiencia de ayer, donde estuvo Alvarado junto a un cómplice civil y cuatro policías.
Lo hizo para desviar la pesquisa hacia Los Monos y desligarse de un crimen que lo puede llevar a perpetua. Para eso tuvo cooperación policial.

Esteban Alvarado tenía una obsesión en mente: zafar de la acusación que lo tenía preso desde febrero acusado de mandar a matar a Lucio Maldonado, un prestamista de la zona sur que en noviembre fue encontrado con dos balazos en la nuca a 200 metros del Casino City Center. Para eludir un destino de prisión perpetua concibió un plan de tres patas. La primera era transferir su responsabilidad por ese crimen a alguien que resultara creíble como autor de tal cosa, por lo que eligió a miembros de la banda de Los Monos. La segunda era generar nuevos delitos en donde Los Monos ya hubieran estado implicados. La tercera, insuperable en términos de audacia, fue convencer de su hipótesis a los fiscales que investigaban estos hechos torciendo a favor de su conveniencia el rumbo de la misma pesquisa. Y eso lo hizo infiltrando a policías cómplices en la mismísima investigación.

Audiencia

Este proyecto que parece tomado del mejor libreto de HBO fue explicado ayer durante cinco horas en una audiencia en el Centro de Justicia Penal. Los fiscales que acusaron a Alvarado le atribuyeron la organización de las tres últimas balaceras contra objetivos y domicilios relacionados con el Poder Judicial.

La prueba que dejó este plan al desnudo fue colectada en una investigación que demandó tres meses a ritmo febril. Pero el peso vital de la evidencia provino del propio Alvarado. Estaba contenida en su Iphone 8, que arrojó al agua el 1º de febrero pasado cuando tres policías de la TOE lo cercaron en un camping de Embalse Río Tercero. El policía que logró encontrarlo tanteando en el lecho del lago cambió la historia del caso. El Iphone fue desencriptado en una oficina de Nueva York que recuperó casi 4.500 mensajes de Telegram. En los audios más significativos se escucha a un meticuloso Alvarado impartir cada paso del plan. Fue el plato fuerte de la audiencia.

Para meterse en la pesquisa, Alvarado utilizó a los policías que ayer se sentaron en el banquillo junto a él. Fueron el jefe operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), el comisario Martín Rey, y su hermano Marcelo Rey, alias “Puchero”, también comisario y su colaborador más estrecho. Además se valió de un oficial del Organismo de Investigaciones, Pablo Bancora, que trabajando en la misma oficina de la Unidad Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional cometió un garrafal descuido: al retirarse dejó abierta en su computadora la sesión de Whatsapp web, donde constaba en plena pantalla que le pasaba datos a la comisaria Jorgelina Chávez, la cuarta policía imputada ayer. Eso lo descubrió una empleada de fiscalía y lo fotografió. La imagen se expuso ayer en la audiencia

Según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, estos dos policías hicieron que información reservada llegara a manos de Alvarado y le sirviera para construir su coartada. Y los hermanos Rey también colaboraron para imprimir una dirección errada a la pesquisa.

La fábrica de delitos

Para concretar su estrategia Alvarado generó delitos nuevos, idénticos a los que miembros de Los Monos hicieron en el pasado reciente: atentados a blancos judiciales. Por doce de estas balaceras previas hay imputados y presos distintos miembros de Los Monos desde octubre. Lo que Esteban Alvarado diseñó desde ahí fue un sistema para transferir la culpa a dos personas. Una es un miembro de Los Monos, Leandro “Chulo” Olivera, imputado desde febrero por los atentados contra la casa de la jueza Marisol Usandizaga y el Concejo Municipal. El otro es Rodrigo Ortigala, un testigo de identidad reservada que había pertenecido al círculo íntimo de Alvarado, enemistado con él desde 2012, pero que ahora se había presentado a la Fiscalía a declarar en su contra, cosa que Esteban ya sabía.

Gente del entorno de Alvarado, dijeron los fiscales, produjo el mismo día los ataques a balazos al Centro de Justicia Penal y a los Tribunales de calle Balcarce. Fue el 10 de diciembre pasado, con 22 minutos de diferencia. En el primer lugar los agresores dejaron un cartel. “Con la mafia no se jode. Atte. Esteban Alvarado”. En el segundo un cartel similar. “Con la mafia no se jode”.

El siguiente atentado, el 31 de enero, fue singularmente intimidante. Se produjo en Rioja al 500, en la casa de una funcionaria técnica de la Fiscalía que realiza los perfiles económicos de las bandas, donde rociaron el frente con ocho balazos. Por la pantalla de Whatsapp que había dejado abierta Bancora los fiscales sospecharon que los datos podrían haber salido de la Fiscalía.

Los que cometieron ese atentado escaparon en un VW Up que quedó filmado por las cámaras de vigilancia callejeras. En los registros de video no se advertía la patente del vehículo. Pero el comisario Martín Rey indicó que “por información de calle” supo que la patente era AC871SZ. Nunca el comisario dijo de dónde había salido exactamente ese dato. Pero la patente que hizo insertar en un informe dirigido a los fiscales llegó a manos de estos. Y la chapa era del VW Up de Rodrigo Ortigala.

Lo inesperado es que la trama quedara al desnudo en el Iphone de Esteban. Es allí donde Alvarado pide identificar a Ortigala como el dueño del VW Up en el que huyeron los atacantes de la casa de la funcionaria judicial. Un mano derecha de Alvarado, Nicolás Ocampo, localizó la dirección de Ortigala, averiguó su lugar de trabajo, le sacó fotos a su auto y supo así su placa. Luego los hombres de Esteban consiguieron otro VW UP en la provincia de Córdoba, lo adaptaron a los detalles del de Ortigala y así transfirieron sobre Ortigala la posible culpa del atentado. Los fiscales dicen que el comisario Martín Rey, al introducir la patente, colaboró para ello. Aducen que la siembra a sabiendas de que era un dato falso para satisfacer el deseo de Alvarado.

Teléfonos espejo

Al mismo tiempo Alvarado generó teléfonos espejos, es decir duplicados, de Ortigala y Chulo. Para ello necesitó de la colaboración interna de uno de los policías que trabajaba en la unidad fiscal, justamente en las interceptaciones telefónicas y procesamiento de escuchas, y que fue descubierto por los fiscales: Bancora.

Lo que procuraba Esteban era que los nuevos teléfonos de Ortigala y Chulo, falsos y que manejaría gente suya, fueran intervenidos. De esa manera los fiscales captarían mensajes en donde él, Alvarado, les haría admitir a los supuestos Ortigala y Chulo la culpa de los atentados, como gente de Los Monos. Pero fundamentalmente la culpa de lo que a Alvarado más le interesaba: el asesinato de Maldonado, de cuya responsabilidad buscaba desprenderse.

Alvarado instruyó a gente de su entorno para que se ubicaran en la zona donde viven Ortigala y Chulo y los captaran las antenas. Desde allí enviaron mensajes de texto en los que se hacen pasar por ellos, señalando que ahora utilizarán esos teléfonos y descartarán los previos. “Con dos teléfonos verdaderos montaron dos teléfonos falsos”, dijo el fiscal Edery. “Alvarado arma un manual de instrucciones sobre dónde tenían que pararse sus cómplices para que los tomen las antenas”, siguió. “Ellos esperaban que captáramos que las líneas venían de la casa de Ortigala o de Chulo, con lo cual daríamos por hecho que eran de ellos”, indicó Edery.

Así empezaron a mandar mensajes donde los supuestos Ortigala y Chulo admitían los ataques a blancos judiciales y, lo que más interesaba a Alvarado, el crimen de Maldonado. Cuando secuestraron al prestamista se usó una Renault Kangoo. Entonces le hacen decir al falso Chulo: “Tengo la Kangoo, mañana va a haber ruido y la quiero descartar”. Con ello los fiscales creerían que Chulo, un socio de Los Monos, tenía ese vehículo. Y por lo tanto posible intervención en el crimen de Maldonado. Cuando todo era una maquinación de Alvarado.

Todos esos mensajes que Alvarado imparte desde su Iphone para generar su simulacro aparecen luego en los aparatos duplicados que culparán a Chulo y Ortigala. Estos celulares son recuperados el 29 de abril pasado en Rivero al 5200, en allanamientos propuestos y concretados por los hermanos Rey. Los fiscales alegan que ese operativo también está sembrado por los comisarios en función de la coartada de Alvarado: desviar la investigación por el homicidio de Maldonado.

Los fiscales imputaron por asociación ilícita a Alvarado como jefe. Del mismo delito aunque como miembros a los comisarios Marcelo y Martín Rey además de incumplimiento de deberes y encubrimiento agravado. Les atribuyeron cohecho y tráfico de influencias a Pablo Bancora y a la comisario Jorgelina Chavez, también acusada de asociación ilícita. A Nicolas “El Fino” Ocampo, considerado mano derecha de Alvarado, le enrostraron amenazas coactivas calificadas para obtener una medida de los poderes públicos. La jueza Carrara aceptó las imputaciones y ordenó que quedaran detenidos. El lunes en una audiencia hablarán las defensas y se discutirán las prisiones preventivas.