Pese a las declaraciones sexistas del titular de la UTA, el gremio fue convocado a participar de la causa contra la empresa estatal Movi.
La causa por discriminación abierta por un grupo de mujeres colectiveras contra la firma Movi avanza en la Justicia laboral. En las próximas semanas se convocará a las choferes y a las autoridades de la empresa municipal del transporte a una audiencia de conciliación. Es para resolver sobre el pedido de las mujeres de ser reincorporadas en sus puestos. Paradójicamente, después de los polémicos conceptos de su titular, Manuel Cornejo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) fue convocada a participar del proceso.
Denuncia
La denuncia de las choferes llegó a fines de abril pasado al juzgado Laboral de la 10ª nominación. El mismo cargo de María Andrea Deco. Según indicó ayer la patrocinante de las conductoras, Romina Perea, la causa sigue su curso en los tribunales laborales.
La semana pasada se citó al gremio de los transportistas a participar como tercero interesado en el expediente. "Una mera formalidad, un requisito de rigor que fija el procedimiento", consideró Perea. Ya que el titular de la seccional local de la UTA, Manuel Cornejo, expuso públicamente sus prejuicios sobre el tema.
La semana pasada, el gremialista sostuvo que "el cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo". Una frase que mereció enérgicos repudios y una presentación ante el Inadi contra el líder del sindicato.
Conciliación
Desde el gremio no contestaron aún si participarán o no de la causa. No obstante, la atención de las colectiveras está puesta en la audiencia de conciliación que la jueza debería convocar antes del próximo 20 de junio. Del encuentro participarán las trabajadoras y las autoridades de la empresa municipal de transporte.
Perea explicó que la audiencia servirá para tratar el pedido individual de las choferes de ser reincorporadas como parte del plantel de la empresa, donde trabajaron durante el verano del año pasado cubriendo el período de vacaciones de los colectiveros.
Pero además, el amparo solicita que se obligue a la empresa a incorporar mujeres en la planta permanente de choferes de colectivos, de acuerdo con la ordenanza que promueve que las vacantes se cubran en forma igualitaria entre varones y mujeres.
Un aspecto que, consideró la abogada, no entrará en discusión dentro de la audiencia de conciliación. Será la jueza que lleva adelante el proceso quien tenga que resolver sobre el reclamo del cumplimiento de la norma municipal vigente desde 2006.
Presentación judicial
La presentación judicial fue impulsada por cuatro mujeres que trabajaron en la empresa Mixta entre enero y marzo del año pasado. Una vez finalizado su contrato, ninguna de ellas logró ingresar a la planta de la empresa.
Según denunciaron, pese a su excelente desempeño no fueron incorporadas a la firma en forma permanente por una conducta discriminatoria del empleador que impidió y obstaculizó su derecho a trabajar por su condición de género.
A principios de mayo, la jueza Deco admitió la presentación de las conductoras considerando el "incuestionable" contenido social del derecho al trabajo de las mujeres. La denuncia alcanzó gran repercusión mediática después de que el secretario general de la UTA Rosario, Manuel Cornejo, descalificara la pretensión con argumentos sexistas.
Ordenanza
Al mismo tiempo, el Concejo Municipal modificó la ordenanza, vigente desde 2006, que promueve la incorporación de mujeres y varones como conductores en el transporte público de pasajeros. En forma unánime, los ediles acordaron extender la obligatoriedad de cubrir las vacantes en forma igualitaria a las empresas privadas y, además, incluyó sanciones por incumplimientos.
A partir de la vigencia de la nueva norma, las empresas que no cubran sus vacantes en los puestos de conductor con un 50 por ciento de mujeres, tendrán que abonar multas que pueden llegar a los 3 mil boletos (unos 70 mil pesos) por cada mes de incumplimiento.