El diputado provincial Fabián Palo Oliver, junto a sus pares del bloque UCR NEO, ingresó a la Cámara de Diputados, su proyecto de Ley por el cual propone la creación de un Registro de Mercados Mayoristas Frutihortícolas en el que deberán estar inscriptos –a través de sus administradores o representantes- todos los mercados, centros de reexpedición y depósitos de frutas y hortalizas, públicos o privados, situados en la provincia de Santa Fe.

El objetivo fundamental de la iniciativa radica en asegurar la calidad de los productos comercializados, la formación transparente de precios y la aplicación del programa de buenas prácticas frutihortícolas.

A partir de la puesta en vigencia de la ley, los mercados contarán con 60 días para inscribirse gratuitamente en el registro que funcionará bajo la órbita del Ministerio de la Producción de la provincia, designado por la iniciativa como autoridad de aplicación.

Estos mercados conformarán asimismo la Red de Mercados Provinciales, creada por la ley, lo que permitirá unificar la gestión de los mismos y conformar un sistema de información homogénea que garantice la transparencia de las operaciones

Los mercados que, vencido el plazo, no procedan a inscribirse serán pasibles de sanciones que incluyen la clausura temporal, por un año, y la definitiva en caso de reincidencia.

Entre los fundamentos, Palo Oliver destaca que en dichos mercados se realizan tareas de manipulación, depósito y comercialización de frutas y hortalizas que son destinadas al consumo de la población, por lo que es imprescindible contar con un riguroso examen de fiscalización por parte del Estado, preservando la calidad y sanidad de los productos mencionados.

A respecto, el diputado sostuvo: “Creemos que estamos avanzando paralelamente en dos direcciones bien definidas. Por un lado, en la visibilización de los mercados y las funciones específicas que deben cumplir; por el otro, en la facilitación de la tarea del control del Estado a partir de su identificación en el registro. Esto nos va a permitir controlar no solo la cuestión sanitaria a la que ya nos referimos, sino cuestiones de carácter social como la situación laboral de los trabajadores que se desempeñan en esos centros.

El crecimiento poblacional ha determinado el nacimiento de un sinnúmero de lugares de acopio y manipulación de estos productos, sin que conste fehacientemente la calidad de los mismos y las condiciones en que se desarrolla esa actividad”.

Por último agregó: “Es una obligación indelegable del Estado garantizar la salud pública, las sanas prácticas comerciales y el respeto a los derechos de los trabajadores”.