De aprobarse, la medida impactará en 108.000 personas, dos tercios residentes legales o ciudadanos estadounidenses.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, divulgó ayer una norma destinada a evitar que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a ayudas para pagar una vivienda. Es una decisión que podría dejar en la calle a 55.000 niños que viven legalmente en el país.

La norma

La norma fue publicada ayer en Federal Register, el diario oficial del gobierno, y antes de entrar en vigor será sometida a un periodo de debate público. El objetivo de la medida es prohibir el acceso a ayudas para vivienda a aquellas familias en las que al menos uno de los miembros es un inmigrante indocumentado. Esto en la práctica podría afectar a 55.000 menores que han nacido en EE.UU. o viven legalmente en el país, según las estimaciones del Departamento de Vivienda.

De aprobarse, la medida impactará en 108.000 personas, de las que el 70 por ciento son residentes legales o ciudadanos estadounidenses. El Ejecutivo de Trump ha insistido en que su objetivo es asegurarse que las ayudas solo se destinan a familias estadounidenses. Y no a unidades familiares “mixtas”, aquellas en las que al menos uno de los miembros es indocumentado.

Legislación vigente

Bajo la actual regulación, los inmigrantes indocumentados tienen prohibido recibir subsidios federales. Pero las familias “mixtas” pueden pedir asistencia siempre que al menos uno de los miembros resida legalmente en EE.UU. Ya sea porque es ciudadano estadounidense o residente permanente.

El gobierno otorga las ayudas en función del número de personas que legalmente pueden recibirlas, es decir, en función del número de personas que viven legalmente en EE.UU.

Esos subsidios sirven a las familias para pagar alquileres en viviendas donde el Gobierno ha fijado un límite máximo a lo que puede costar el alojamiento por mes. De acuerdo a la nueva normativa, las personas que residen legalmente en EE.UU. podrán permanecer en su casa, pero el propio gobierno reconoce que lo más posible es que toda la familia deje la vivienda para permanecer unida, sin excluir a ninguno de sus miembros.

Varias ONG, como la Coalición Nacional para los Hogares con Bajos Ingresos, consideran que la medida es cruel porque obligará a las familias a abandonar sus hogares. Los estadounidenses tienen hasta el 9 de julio para proponer cambios a la norma. Concluido ese periodo, la iniciativa podría entrar en vigor.

Además, la administración Trump considera la posibilidad de deportar a las familias migrantes con expulsiones ordenadas por un tribunal, una medida a la que los funcionarios superiores del Departamento de Seguridad Nacional han resistido en el pasado, informó la cadena CNN. La idea, descrita como una forma de “enviar un mensaje” a los traficantes de personas, está “bajo seria consideración”, según un alto funcionario de la administración.