“Fue un hombre que se encontró en un lugar y un momento equivocado”, sostuvo el letrado que representa a Carlos García.

“A (Carlos) García le tocó presenciar la apertura de las puertas del infierno”, señaló ayer Hugo Bufarini. Es abogado del gasista que el 6 de agosto de 2013 trabajó en el regulador de gas del edificio de Salta 2141. El alegato del profesional ocupó la mayor parte de la segunda jornada del juicio por la explosión que provocó la muerte de 22 personas y dejó otros 60 heridos.

En su relato, el profesional sostuvo que su defendido “no hizo las cosas mal”. Sino que “fue un hombre que se encontró en un lugar y un momento equivocado”. De acuerdo con esa certeza, cargó contra la falta de control de la empresa Litoral Gas y adelantó que pedirá la absolución del gasista.

Alegatos

Los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zvala y Juan Carlos Leiva escucharon ayer los alegatos de las defensas de García, de su ayudante Pablo Miño, y los testimonios de la gerenta técnica de la empresa Litoral Gas, Viviana Leegstra, y de José Luis Allala, otro gasista que intervino once días antes de la tragedia para reparar el gabinete de gas (ver aparte).

El gasista García y quien fue el día de la tragedia su ayudante, volvieron a encontrarse en la audiencia del juicio. Estuvieron sentados atrás de sus defensores, sin intercambiar muchas miradas. Ambos llegaron al juicio acusados, junto a otras 9 personas, de ser coautores del delito de estrago culposo agravado.

Tarea

García tuvo a su cargo trabajos de reparación del regulador de gas minutos antes de la explosión y, de acuerdo a la teoría de la fiscalía, su intervención fue un eslabón más de una cadena de negligencias que derivó en la mayor tragedia que enlutó a la ciudad.

La primera en exponer sus argumentos fue la defensa de Miño. La defensora pública Florencia Chaumet sostuvo que el ayudante del gasista “no hizo nada” que pudiera desatar la explosión de esa fatídica mañana de agosto. Por esos días, trabajaba de noche en una fábrica y había aceptado el trabajo con García como “una changa para llegar a fin de mes”, dijo.

Miño no sabía nada de redes de gas, apenas había completado la primaria, pero aceptó acompañar a García “para realizar las tareas que le eran confiadas”, sostuvo. Por ejemplo, cuidar el vehículo y las herramientas o alcanzar los materiales requeridos.

“El no tenía poder de decisión, no tocó el gabinete de gas, no habló con nadie de la administración del consorcio, no fue a Litoral Gas ni compró el regulador”, enumeró Chaumet y, sobre todo, destacó que “no habría podido evitar la tragedia”.

Por eso, la abogada consideró que la pena de cinco años de prisión efectiva que pidieron la querella y la fiscalía resulta “excesiva, desproporcionada e infundada”, y se preguntó si “la Justicia que vamos a dar a las víctimas de la tragedia es la de responsabilizar a un chico que sólo alcanzaba las herramientas”.

El lugar y momento equivocados

García llegó al edificio de Salta 2141 poco antes de las 9 de la mañana de ese 6 de agosto. Según afirmó ayer su abogado, unos días antes de que el consorcio lo contratara para realizar el cambio del regulador, el gasista había concurrido a las oficinas de Litoral Gas a “pedir instrucciones y autorización para realizar el trabajo”. Pero, “se fue con las manos vacías”.

Esa mañana, continuó, lo primero que hizo fue cerrar la llave principal de paso del servicio de gas. Después fue hasta el departamento del octavo piso para verificar si efectivamente se había cortado el servicio y volvió a bajar para cerrar la llave de los medidores.

“A García le fue mal, no porque hizo las cosas mal, sino porque estaba en el lugar equivocado”, sostuvo el abogado y consideró que la cadena de negligencias comenzó mucho antes de que el gasista entrara en escena. Fueron, sostuvo, “una cantidad de sujetos, personas, empresas e instalaciones que causaron este trágico resultado que se dio el día en que un trabajador ponía su cuerpo, y le tocó presenciar la apertura de las puertas el infierno”, subrayó.

La tragedia

Para el defensor, la tragedia empezó a plasmarse cuando Litoral Gas “comenzó a achicar personal o evitar gastos superfluos en capacitación del personal o en el control del servicio”. Sostuvo que la empresa dejaba a los gasistas “expuestos” a incumplimientos normativos. “Los dejaba librados a la mano de Dios, metan mano, desarmen, armen y después vemos”, expuso.

Por eso, dijo, “el 6 de agosto de 2013 podría haber estado cualquiera, y cualquiera habría obtenido el mismo resultado”. Y afirmó que eso cambió después de la tragedia de calle Salta, cuando la empresa asumió “una actitud responsable” para proceder a la rehabilitación del servicio “ante la mínima falla”.

Según su relato, eso no sucedió los días previos a que se contratara a García para cambiar el regulador. Es más, sostuvo que los inspectores de Litoral Gas controlaron y aprobaron los trabajos realizados por otro gasista en los días previos al siniestro y decidieron habilitar el gas, “pese a que los problemas persistían” y “no se hizo la apertura de vereda” para solucionar el problema, como había marcado el inspector de la empresa.

Por eso, concluyó, “lo que sucedió en calle Salta fue una cadena de negligencias de la que García no participó”.