Otra vez fue clave la intervención del secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin. David Lipton, del FMI, dio un paso al costado y el aval provino de la propia Christine Lagarde.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) tomó la decisión interna de apoyar, casi incondicionalmente, al Gobierno de Mauricio Macri. Esto luego que Donald Trump y Christine Lagarde se dieran cuenta (cada uno por su lado y con sus motivaciones) de que relacionarse con una eventual gestión de Cristina de Kirchner sería muy difícil.

Hace una semana, desde el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, se inauguraba una nueva etapa de política monetaria y control del tipo de cambio. Fue una vez cerradas negociaciones de alto nivel tanto con el Gobierno norteamericano como con la cúpula máxima del FMI.

Gobierno norteamericano

En el primer caso, la intervención directa fue del secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, quien demostró tener palabra. El funcionario de Trump le había asegurado a su par argentino, Nicolás Dujovne, que ante cualquier dificultad extrema que tuviera Argentina sólo debía llamarlo personalmente. Y si el reclamo fuera razonable, no habría problema para acceder al pedido. Siempre y cuando no se tratara de un préstamo directo, lo que sería imposible de aprobar de parte del Congreso norteamericano. Allí, Trump no tiene muchas cartas por jugar.

Las comunicaciones con Mnuchin se dieron hace algo más de 10 días, y siempre fueron fructíferas. Restaba que desde el FMI se diera un cambio radical en su política interna de prohibir expresamente (y en particular a la Argentina) el acceso de dinero proveniente de los préstamos del organismo para contener corridas cambiarias. El carcelero de esta opción era el número dos del Fondo, el norteamericano David Lipton, que hasta la asamblea general del FMI de primavera mantenía una posición pétrea e innegociable sobre esta cuestión.

Aprobación definitiva

Sin embargo, una cuestión concreta determinó que esta posición comenzará a descongelarse hasta aceptar, con límites, el uso del dinero del organismo para contener el dólar. Lipton no aceptó la alternativa, pero eligió dar un paso al costado y que sea personalmente Lagarde la que asumiera la responsabilidad ante el board del organismo. Esto para el caso en que la ayuda no rinda resultados y el programa stand by concluya en malos términos. Sólo con esta actitud Argentina pudo obtener la aprobación definitiva, la que terminó de definirse en negociaciones del pasado fin de semana.

Cambio de posición

El factor que determinó este cambio de posición provino, curiosamente, de fuera del Gobierno. Los embajadores que el FMI tiene como contactos dentro del kirchnerismo asumieron que la posición oficial del principal frente opositor es la de aceptar como un acto de estado la firma del acuerdo con el organismo y el país. Pero llamar rápidamente, en el caso de triunfar en las próximas elecciones, a una renegociación profunda del stand by vigente.

Renegociación

A diferencia de lo que supone el organismo, el kirchnerismo pedirá una flexibilidad en la firma y una mejora amplia en los términos fijados. Desde el FMI se sabe que se debe negociar el acuerdo. El responsable del caso argentino, el italiano Roberto Cardarelli sabe desde el primer día que el stand by, en los términos fijados, es imposible de cumplir en el mediano o largo plazo, y que se debe discutir una extensión de los plazos.

Cardarelli siempre supo que el vigente es un acuerdo de estabilización del dólar (poco exitoso hasta acá), pero que para 2020 hacia delante se necesita modificarlo a la modalidad de Facilidades Extendidas. Los plazos serían mucho más beneficiosos para el país, pasando de cuatro a 9 o 10 años, y a una tasa de interés menor a 4% anual (algo utópico para la Argentina de más de 900 puntos de riesgo-país).

El país podría incluso negociar una ampliación por unos u$s10.000 millones más, con lo que las obligaciones de pago de deuda de 2020 y 2021 estarían ya salvadas. Sin embargo, las exigencias del FMI al Gobierno que renegocie el acuerdo serían duras. El organismo, sí o sí, pediría dos reformas impostergables según su visión: la laboral y la previsional. No en vano fueron dos de los 10 puntos que el Gobierno quiere que la oposición suscriba, en su acuerdo de gobernabilidad presentado en sociedad el jueves de la semana pasada. Esto, además de continuar con la ejecución del plan de déficit cero cerrado en el stand by vigente, y que incluye para 2020 un leve superávit.

Posición del kirchnerismo

El kirchnerismo piensa en otra cosa, y así lo hizo saber tanto de manera pública como privada. Si bien los seguidores de Cristina de Kirchner reconocen la firma del acuerdo con el FMI como una decisión de Estado, no están dispuestos a mantener el acuerdo en los términos actuales.

Según lo que dijo Máximo Kirchner el jueves de la semana pasada, en un acto partidario en la Facultad de Medicina, el FMI no es prioridad para el kirchnerismo. Antes, Axel Kicillof le aseguró a un grupo de fondos de inversión a los que recibió en su despacho del Anexo de la Cámara de Diputados, que al FMI se le pagará “lo que se pueda”. El último ministro de Economía del kirchnerismo (con acceso directo a Lagarde desde sus épocas de funcionario) les dejó claro además que no están dispuestos a negociar ni una reforma laboral ni previsional, y que las discusiones serán “duras”. En síntesis, descarta de plano el principal referente opositor la propuesta de cambiar a un Facilidades Extendidas. Y que, en todo caso, lo que habrá es una renegociación para los plazos y las posibilidades de pago del país, según las consideraciones desde Buenos Aires.

Esta posición llegó a oídos de Lagarde hace 10 días, y desde ese momento la directora gerente del FMI decidió que, otra vez, había que salir al rescate del Gobierno de Mauricio Macri, aún demoliendo la ideología de protección de los dineros del organismo como bandera.