Un jubilado de Villa Gobernador Gálvez fue a la Justicia porque Litoral Gas le cortó el suministro sin avisarle. Tenía una deuda ganada de los tarifazos en el servicio y no le alcanza con su pensión para cubrirla y poner un techo y comida en la mesa a su familia. Poco le importó a la empresa el estado de vulnerabilidad. Tampoco la medida cautelar que firmó hace un año el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, donde prohibía a las prestadoras de servicios de gas cortar el suministro a familias que no puedan pagar las facturas.
Este jueves el jubilado y los representantes de la Multisectorial contra los Tarifazos presentaron un recurso de amparo para que le vuelvan a instalar el servicio de gas. “Lo privaron de forma arbitraria e ilegítima del servicio, sin darle la posibilidad de demostrar su vulnerabilidad social y económica. Fue personal de la empresa y le sacó el medidor”, explicó a El Ciudadano Juan Alcaraz, abogado de la agrupación.