La defensa pidió que fuera absuelto porque la demora era culpa del Estado. El fiscal dijo que al ser policía la causa no prescribía. Le dieron un año y seis meses.
Un policía que intervino como testigo en el juicio de la masacre de Villa Ramallo fue sometido a un juicio oral y público. Fue en los Tribunales Federales de Rosario. Estaba acusado de haber incurrido en falso testimonio al declarar.
El rasgo extraordinario que tuvo este juicio es que se produjo a casi 17 años de ocurrido el hecho que se reprochaba al acusado. Y que tuvo como característica adicional un alegato encendido de parte del defensor. Quien tapizó los vidrios de la sala de audiencias desplegando diez metros de papel impreso, con las que representó la línea de tiempo transcurrido entre que el policía fue denunciado hasta que llegó el momento en que se sentó frente a los jueces que debían juzgarlo.
Más que la eventual pena que el policía podía recibir en el trámite, que terminó siendo un año y medio de prisión condicional, la atención estuvo puesta en el sentido jurídico que puede tener para la sociedad y para el imputado. Esto, que un delito que prevé una sanción de un mes a cuatro años sea ventilado a poco menos de dos décadas de producido. Por esa desconcertante demora el defensor del policía acusó directamente al Poder Judicial para pedir la absolución de su asistido. Su planteo aludía al incumplimiento del Estado de resolver el caso en un plazo razonable.
Peripecias inéditas
El defensor oficial Martín Gesino ofreció en su alegato un detalle exhaustivo de las peripecias insólitas que tuvo el caso. Dijo que para juzgar un delito que consideró "tan mínimo" hubo 16 años y ocho meses de demora. Que resolviendo todo lo planteado en forma idónea el trámite no habría podido extenderse más allá de 4 años y 5 meses. Pero que con el exceso la demora fue de 12 años y tres meses.
"El policía al que se juzgó tenía en 2002, al momento en que se le objetó su comportamiento, 30 años. Hoy tiene 47 y le faltan tres años para jubilarse", dijo. "Este juicio es una vergüenza para todos nosotros que tenemos que explicarle a la sociedad", dijo Gesino. "Estamos aquí 17 años después discutiendo un caso de falso testimonio".
Lo que generó semejante retraso es que nunca quedó consolidado un tribunal de juicio. Fue por sucesivas excusaciones, vacantes y circunstancias que hicieron que el expediente pasara por 29 jueces. Las incidencias que congelaron el trámite son alucinantes. Hubo diversos planteos de incompetencia que tardaron en definirse. La defensa pidió en su momento una probation y hasta que resolvieron pasaron 8 años y 8 meses. En una ocasión se pidió nueva integración del tribunal a la Cámara Nacional de Casación. Este tribunal se expidió pero se extravió el oficio que indicaba las designaciones, con lo que se generó otro retraso de dos años. Esto no pasó una sola vez, sino dos hasta que se encontró el oficio que decía que el caso tenía juez. Total de la demora por ésto: cuatro años
Paseándose en puntas de pie por el fondo de la sala entre la línea de tiempo, el defensor Gesino dijo que, al describir el historial del asunto, tenía la idea de estar en un sketch cómico "que Porcel y Olmedo habrían descartado por bizarro". Enseguida sostuvo que la situación no era ningún chiste. Y que mantener sometida a proceso a una persona tanto tiempo implica ya imposición de una pena. Si el caso penal no se extinguió es porque los delitos cometidos por funcionarios públicos son imprescriptibles. Por eso hubo juicio.
La masacre de Villa Ramallo, ocurrida hace veinte años, fue uno de los episodios policiales que marcó una época. Se trató de un intento de robo cometido por una banda de rosarinos y nicoleños a la sucursal del Banco Nación de esa ciudad bonaerense. Que se frustró cuando los asaltantes estaban adentro.
El handy y el bolso
Ese inolvidable incidente motivó un juicio oral y público en 2002. Durante el mismo fue llamado a declarar el policía Oscar Alejandro Núñez. Se lo requirió por un hecho muy llamativo, al descubrirse que la banda había guardado un handy policial en un bolso que luego desapareció. Y con el que se habían comunicado los policías implicados durante la toma de rehenes. La foto de ese bolso fue tapa del diario Página/12 en agosto de 2000, cuando uno de los policías fue detenido por cooperación con el robo al banco.
Oscar Núñez fue comisionado a realizar un cordón el día del robo al banco para evitar que pasara la gente. Estaba cerca del grupo que hizo desaparecer ese handy aunque no implicado en ese delito. Por eso fue llamado a declarar. Pero la fiscal del caso notó que en la instrucción declaró una cosa y en el juicio oral de 2002 otra. Al entender que la contradicción era deliberada le formó una causa por falso testimonio.
Esta es la causa que el miércoles se trató en el Tribunal Federal Oral 2 integrado por Germán Sutter, Osvaldo Facciano y María Ivonne Vella. Cuando le tocó alegar el fiscal Fernando Arrigo reconoció "la laboriosidad del defensor y su histrionismo". Pero sostuvo que el caso no era algo menor sino importante por la repercusión del caso que conmocionó a la opinión pública. Y porque la falsedad por la que acusaba al policía podía haber llevado a los jueces a tomar una determinada decisión y redundado en una mala administración de Justicia. Consideró agravante del hecho la condición policial del acusado y la trascendencia del caso. Y pidió tres años y ocho meses de prisión.
En su última intervención Gesino negó que hubiera falso testimonio y dijo que la declaración de su asistido no había causado perjuicio en la sentencia porque no había mentido. Afirmó que el trámite duró nueve veces y media más de lo que permite la ley. Que en Tribunal pasó 13 años durmiendo y pidió la absolución porque el Estado había perdido, por lo transcurrido, legitimidad para juzgar.
Los jueces descartaron este argumento. Condenaron al policía a un año y medio de prisión. Rechazaron los reclamos de la defensa con fundamentos que se conocerán el jueves próximo.