Por cuestionar la orden de fumigar lejos de escuelas rurales, recibió críticas por no respetar la división de poderes y por las falsedades de sus dichos.

Las críticas del presidente Mauricio Macri al fallo que limitó el uso de agrotóxicos cerca de escuelas rurales fueron “un acto ilegal, además de inmoral”. Así lo señalaron organizaciones ambientalistas de Entre Ríos.

Es el presidente de la Nación y decir esto sobre un fallo va en contra de la división de poderes”, advirtieron. Además, recordaron que las fumigaciones fueron limitadas por una sentencia de la Justicia provincial. A la vez, se advirtió sobre la inconstitucionalidad del decreto del gobernador, Gustavo Bordet. Este otorgaba permisos para fumigar a cien metros de los establecimientos. Lo más grave de los dichos del presidente es que “hizo una injerencia en la división de poderes”, sostuvo la abogada María Fernández Benetti, integrante de Basta es Basta y la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria (Redasa).

Los dichos

En conferencia de prensa en la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Macri calificó el jueves como “irresponsable” un fallo de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial. El mismo, declaró inconstitucional un decreto del gobernador Gustavo Bordet, que permitía fumigar a cien metros de las escuelas rurales de Entre Ríos. “Es una irresponsabilidad lo que ha dicho (Macri). Dijo un montón de imprecisiones. Mostró desconocer el tema y lo que se utiliza porque habló de fertilizantes cuando se trata de agroquímicos, agrotóxicos”, dijo Fernández Benetti.

Está atacando al Poder Judicial. Encima en un tema tan sensible como es una sentencia que está amparando derechos humanos fundamentales como la salud y la vida de niñas y niños rurales, una de las poblaciones más vulnerables”, advirtió la abogada. Es una de las firmantes del amparo que terminó con la declaración de inconstitucionalidad del decreto provincial.

Rigor científico

Macri había afirmado que se trata de “una ley (sic) absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Esto fue desmentido por Fernández Benetti, quien aseguró que en el expediente del caso hay estudios científicos locales, nacionales e internacionales. Los mismos demuestran el daño que generan los agrotóxicos en la salud de los niños.

Está comprobado el daño genético en niños rurales. Esto quiere decir que esta criatura en pocos años puede desarrollar enfermedades graves como puede ser un cáncer” –denunció la abogada. “También demostramos la causalidad en otro estudio que relaciona la aplicación de glifosato con el nivel de genotoxicidad.”

“Señor presidente, nuestros gurises merecen el mismo ambiente que Antonia”

Fernández Benetti resaltó que es necesario actuar ahora. Porque “en algunos chicos, hay una gran posibilidad de reversión” de los daños causados por los agrotóxicos. “Es importante tomar cartas en el asunto ahora y no en diez años. Porque la situación en Entre Ríos no da para más”, advirtió. La abogada también alertó acerca de la posibilidad de que el gobierno provincial decida cerrar alguna de las 1023 escuelas que se verían afectadas por el fallo. Porque “muchas de las escuelas rurales están en campos privados”.

Capacidad de producción

Macri también había argumentado que la decisión de la Justicia entrerriana “pone en riesgo más del 20 por ciento de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia”. Sin embargo, para la abogada, “es una simplificación decir eso”.

Los que le pasaron el dato hicieron la cuenta en el aire porque no se sabe qué cantidad de hectáreas afecta”, señaló Fernández Benetti. La abogada afirmó que las entidades ambientalistas solicitaron al gobierno provincial saber qué cantidad de productores se verían afectados por la resolución judicial. Pero que “no existen registros” oficiales al respecto.

Resolución judicial

El fallo de la semana pasada hizo lugar al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná. Pidió la nulidad del decreto de Bordet. Sin embargo, el gobierno provincial apeló el fallo y ahora deberá expedirse al respecto el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ). El decreto del gobernador fue firmado luego de que la Sala II en lo Civil y Comercial de Paraná primero, y la Sala de Procedimientos Constitucionales y Amparos del STJ después, establecieran la prohibición de fumigar a menos de mil y tres mil metros, de manera terrestre y aérea respectivamente, de las escuelas rurales.

En esta nueva resolución judicial, el juez propuso que el Estado “comience a planificar un cambio de cultura productiva”. “Somos una provincia agrícola ganadera y este fallo abre la puerta de volver a la ganadería. Y abandonar la agricultura a alta escala alrededor de las escuelas rurales”, opinó Fernández Benetti.

Las agrupaciones ambientalistas sostienen que es necesario promover políticas públicas que fomenten la agroecología y el trabajo de pequeños y medianos productores. “Tenemos muchas experiencias de agroecología. Y sistemas en los que se cambian los agrotóxicos por otros insumos. Queremos que haya políticas públicas para poder volver a otros modos de producción”, afirmó la abogada.