La diputada Silvia Simoncini
Recordó que la convocatoria está estipulada en la Ley 12.967 y no se ha cumplido “ni siquiera en situaciones límite”. Además, ingresó otras iniciativas referidas al faltante de vacunas y la situación del Hospital de Niños Orlando Alassia.

La diputada provincial Silvia Simoncini (FJPV-PJ) presentó en la Legislatura santafesina un proyecto que pide al Ejecutivo Provincial que convoque a la brevedad al Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes que estipula la Ley Provincial Nº 12.967. Además, ingresó otras tres iniciativas relacionadas a los derechos de los niños y niñas vinculados a la salud: una en repudio a la resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación que dio de baja como centro cardiovascular tratante al Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe; y otras dos relacionadas a las irregularidades en el envío de vacunas comprendidas en el Calendario Nacional de Vacunación por parte del Gobierno Nacional a la provincia de Santa Fe.

CONSEJO DE LA NIÑEZ

En el proyecto de comunicación Simoncini recordó que el articulado de la Ley provincial N° 12.967 prevé la convocatoria periódica del Consejo Provincial, pero ésta no se ha producido “ni siquiera ante situaciones límite”. La norma establece que la autoridad de aplicación debe llamar a reunión de manera trimestral, debiendo convocar para su integración a representantes del Poder Judicial, Poder Legislativo, de municipios y comunas, de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones infantiles y juveniles, universidades, y colegios profesionales con sede en el territorio de la provincia, así como de otros ámbitos académicos y comunicadores sociales.

“Es fundamental el funcionamiento del Consejo de acuerdo a lo que dispone la Ley, porque es el espacio institucional para tratar las problemáticas de niñez, el abordaje oportuno, urgente y adecuado de los casos más críticos que son, lamentablemente, noticia frecuente en los medios y también para delinear las políticas que den garantía a los derechos de niños, niñas y adolescentes”, expresó la legisladora.

La dirigente peronista manifestó: “Desde nuestro lugar de representantes de los ciudadanos que habitan la provincia de Santa Fe tenemos la obligación de conocer y estar informados sobre las políticas que la Sub Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia, implementa y lleva adelante en este sentido, por eso este es el cuarto año consecutivo que solicitamos al Ejecutivo Provincial la convocatoria al Consejo Provincial, ante la permanente vulneración de los derechos de la infancia, incluso por parte de las instituciones del Estado o que están vinculadas al mismo”.

ALASSIA

La segunda iniciativa tiene que ver con que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación decidió dar de baja como centro cardiovascular tratante al Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe, en una resolución de noviembre del año pasado que recién trascendió ahora. En la práctica, implica que se cortan los fondos que financiaban la mayor parte de las prestaciones que brinda este efector a niños con cardiopatías congénitas de baja y mediana complejidad.

“Esta resolución del Gobierno Nacional significa un retroceso enorme para el sistema de salud, ya que mediante su implementación en todo el país se pudieron salvar cientos de vidas de niños que sufrían algún tipo de malformación cardiovascular y es sin dudas una medida brutal que forma parte del ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional, y que solo beneficia a quienes lucran en el sistema financiero, mientras se ponen en riesgo derechos humanos fundamentales de todos los argentinos y argentinas, en este caso de los niños y niñas”, manifestó al respecto Simoncini.

VACUNAS

Por último, la diputada presentó un proyecto de declaración manifestando preocupación sobre la disminución en la entrega de vacunas por parte del Gobierno Nacional a Santa Fe, que impacta en su distribución en los distintos efectores públicos de la provincia, que origina faltantes y riesgo en la continuidad de las inmunizaciones como medida de prevención y protección de la salud de la población. Y otra iniciativa que requiere al Ejecutivo provincial una serie de informes detallados sobre el suministro de vacunas obligatorias a los efectores públicos.

“Esta disminución afecta principalmente a los sectores sociales más vulnerados, imposibilitados de acceder a la compra de esas vacunas, cuyos costos son muy elevados, por lo que dependen exclusivamente de la provisión gratuita del Estado”, dijo Simoncini.

Además, señaló que el grave faltante “se enmarca en el severo ajuste que el Gobierno Nacional acordó con el Fondo Monetario Internacional que se expresa en la degradación del Ministerio de Salud de la Nación a Secretaría, y se nutre del concepto que asume el mismo en torno a que los medicamentos y las vacunas son una mercancía y no un bien social al servicio de la salud de la comunidad, que deben ser regulados en su comercialización y garantizados en su accesibilidad por el Estado”.

“Ante esta grave situación, el Estado Provincial no solo debe realizar los reclamos pertinentes sino tomar todas las medidas tendientes a garantizar que no se interrumpa el calendario de inmunizaciones en toda la población”, concluyó la ex ministra de Salud.