Se realizó en Rosario un encuentro para revisar avances en la apertura de información del servicio de justicia santafesino.

El gobierno provincial, través de su Laboratorio en Innovación Pública (Santalab), realizó este lunes un encuentro. De evaluación de avances del proceso de apertura de información del servicio de justicia santafesino. Compromiso asumido en el tercer Plan de Acción Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP).

El Plan propone abrir los datos relativos a la existencia de causas judiciales abiertas, pendientes, cerradas. Los motivos, plazos de trámite y servicios anexos.

La actividad se realizó en la ciudad de Rosario, en el marco de la Semana de Gobierno Abierto. Y convocó a miembros de la sociedad civil e integrantes de los poderes Ejecutivo y Judicial. En la oportunidad se revisó la información disponible, se evaluaron posibles correcciones. Y se planteó la agenda para los próximos meses, con el fin de cumplir con el compromiso provincial.

COMPROMISO SANTAFESINO

Entre abril y junio de 2017 se llevó a cabo un proceso de participación del que surgió el compromiso provincial. Que propone la apertura de datos del servicio de justicia.

Los organismos que forman parte del proceso, bajo la coordinación de Santalab, son el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia. También el Servicio Público de la Defensa Penal, el Ministerio Público de la Acusación. Y por el Poder Ejecutivo, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad y de Trabajo y Seguridad Social.

Los datos aportados por cada organismo participante son procesados y publicados en el portal de datos abiertos de la provincia.

Hasta el mes de mayo de este año se realizará la revisión y actualización de los datos ya publicados en 2018. Se generarán datos pendientes y se establecerá un mecanismo de actualización permanente. La presentación y difusión de resultados finales de la meta está prevista para el mes de junio de 2019.

ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO

Es una iniciativa multilateral voluntaria que promueve el trabajo colaborativo entre el Estado y organizaciones de la sociedad civil.