Anoche le hicieron una cesárea a Lucía, la niña tucumana de 11 años violada por la pareja de su abuela. No se respetó el protocolo y se demoró la interrupción del embarazo a pesar del pedido expreso de la niña.

Anoche le practicaron una cesárea a Lucía, la niña tucumana violada por la pareja de su abuela. El embarazo se interrumpió pero no se respetó el protocolo para estos casos. El Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) la convirtió en envase, incubadora. Dilató los tiempos para que avanzara la gestación. Y evitar así realizarle el aborto legal que ella reclamó, vulnerando sus derechos.

Quedó en evidencia la estrategia institucional antiderechos para “salvar las dos vidas”. Así lo expresó anoche el gobierno tucumano en un comunicado de prensa. Lucía se encuentra bien de salud. Según informaron fuentes del Hospital del Este Eva Perón, donde permanece internada. La criatura que dio a luz pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología. Tiene pocas posibilidades de sobrevida, de acuerdo con fuentes médicas. Por ahora no hay parte médico oficial.

El caso

“El caso es bisagra porque evidencia el accionar articulado. Desde lo institucional para obstruir el acceso a la salud de la niña”. Así denunció la abogada de Católicas por el Derecho a Decidir y Mujeres X Mujeres, Soledad Deza.

“No estamos frente a una objeción de conciencia común, lamentablemente acá hubo un accionar político conservador. Iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público, dirigido meticulosamente a intentar que Tucumán vuelva atrás en derechos. Abortar en caso de abuso o riesgo para la salud es una opción legal. El Estado tiene que asegurar la práctica”, señaló Deza. “Acá hubo encarnizamiento y del peor con esa niña”, agregó.

La abogada Florencia Vallino, de la organización de derechos humanos Andhes, que representa a la familia de la niña, también denunció. “La serie de vulneraciones de derechos de Lucía que implican dilaciones injustificadas para evitar aplicar el protocolo de atención de la interrupción legal de embarazo”. Solo recién de ejercer presión se logró que a medianoche le hicieran la cesárea pero no fue la práctica solicitada por la niña y su madre.

La gestación fue detectada hace más de un mes en un centro de salud, cuando cursaba la semana 19. Recién ayer el Siprosa informó ante un requerimiento de la Jueza de Familia de la 5ta Nominación, Valeria Brand, que pondría en marcha las acciones necesarias para garantizar la ILE y cumpliría con el protocolo de atención de estos casos. El embarazo ya rondaba las 24 semanas.

Responsables

El responsable de mantener bajo tortura y tratos inhumanos a la niña tiene nombre y apellido. Se llama Gustavo Vigliocco y es el secretario de Salud, del cual depende el Siprosa. Es el mismo que dijo en declaraciones de radio que como Lucía –nombre ficticio—pesaba 50 kilos estaba en condiciones de continuar con el embarazo forzado. Esto a pesar de que la propia niña ya había manifestado su deseo de abortar, con absoluta claridad, como consta en la historia clínica adjuntada a la causa judicial: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Así lo pidió.

Desde Andhes junto a Cladem, dos organizaciones que se presentaron en la justicia para exigir que se respeten los derechos de Lucía, denunciaron esta mañana que no recibió atención adecuada. “Lucia atravesó un largo camino de torturas y vulneraciones a sus derechos por parte del sistema de salud que no escuchó ni respetó la clara voluntad de la niña de interrumpir el embarazo en curso, no consideró el consentimiento informado de la adulta acompañante además de asustarlas, engañarlas, perseguirlas, amedrentarlas judicialmente y castigarlas”, describió Vallino. Y afirmó: “En Tucumán no se cumple el protocolo de ILE”.

Intervención judicial

El juzgado de Familia de la 5ta Nominación, a cargo de Valeria Brand, intervino para garantizar la protección de los derechos de Lucía. Brand dispuso el lunes que el reclamo del aborto no debía judicializarse porque es “resorte, competencia y decisión del sector salud”. El Siprosa pretendió que la justicia diera una autorización para así retroceder a antes del fallo FAL, de la Corte Suprema, cuando aunque no era necesario se judicializaba cada pedido de aborto no punible en el país.

La niña, la menor de tres hermanas, nunca quiso esa gestación. El pedido del aborto lo expresó ante una psicóloga del Hospital del Este Eva Perón. Allí ingresó el 31 de enero por “autolesiones”, después de tener conductas suicidas por la dramática situación que atravesaba.

Como ocurrió hace pocas semanas en Jujuy, con otra niña violada, los cuerpos infantiles son tomados como territorio de la cruzada antiderechos. Si no se revelaba el dramático cuadro psíquico de la niña, no hubiera quedado expuesta la estrategia del Siprosa, verbalizada en su titular, Vigliocca, de dilatar decisiones para consolidar la vulneración de los derechos de la niña.

En la causa judicial, que investiga el abuso sexual que sufrió la niña, se adjuntó semanas atrás un informe de una médica que trabaja en Tribunales en el cuerpo forense que dice que hay “alto riesgo obstétrico” si continuaba el embarazo. Pero el Siprosa pretendió hacer oídos sordos. El fundamentalismo se impuso al cumplimiento de la ley: el aborto es legal en casos de violación y cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer gestante. Las dos causales se configuraban.

Antiderechos

Hubo una articulación perversa entre el Siprosa y funcionarios judiciales. Primero pretendió intervenir ilegalmente una fiscal del fuero penal, Adriana Giannoni. Llegó a citar a su despacho a los médicos que están atendiendo a la niña y quiso presionarlos para que no accedieran a practicar el aborto legal. Giannoni no tenía nada que ver con la investigación del abuso sexual de la niña.

Luego, el Ministro de la Defensa de la provincia, Washington Navarro Dávila, habría instruido a defensores a su cargo para que planteen una medida cautelar en nombre del “no nacido” para bloquear la interrupción legal de embarazo. Navarro Dávila era fiscal de Instrucción de la 5ta Nominación hasta el año pasado –cuando fue ascendido por el gobierno—y desde ese cargo llevó adelante la instrucción penal contra la joven “Belén”, denunciada en 2014 tras sufrir un aborto espontáneo en la guardia del Hospital Avellaneda, de la capital provincial. Belén terminó encarcelada por casi tres años y fue condenada en abril de 2016 sin pruebas por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía” a 8 años de cárcel. Finalmente, fue absuelta por la corte provincial, que desmontó el armado antiderechos para castigar arbitrariamente a Belén.

Cada año, en el país casi tres mil niñas menores de 14 años dan a luz. Son la punta de un iceberg. Podrían haber accedido a un aborto legal, pero también en otras provincias, y no solo en Tucumán, los sistemas de salud no les garantizan tempranamente ese derecho. En algunos casos, ni siquiera se lo ofrecen como alternativa.