La Corte Suprema define una agenda de fallos que podría complicar al Gobierno

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Los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia se sentarán este martes a definir la agenda de temas que tratarán hasta julio. Se trata de unos 10 fallos que los ministros resolverán en ese período. Esto genera preocupación en el Gobierno ya que podría implicar golpes a un presupuesto por demás ajustado.

El antecedente más reciente es el fallo que el Máximo Tribunal dictó días atrás. Le ordenó al Estado Nacional pagarle $15 mil millones a la provincia de San Luis por coparticipación.

Entre los temas que más preocupan a la Casa Rosada está un fallo sobre una acción del Defensor del Pueblo, presentada en 2009, para que se les reconozcan a casi un millón de jubilados los reajustes logrados en el Caso Badaro, una resolución de 2006 en la que se le ordenó al Estado que pague un aumento de 88,3% en los haberes de un jubilado comprendidos entre 2002 y 2006.

También podría incluirse en la lista el caso de un jubilado que reclama que no se le descuente el Impuesto a las Ganancias, y el planteo de Felipe Solá contra el decreto que habilitó el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios.

En este contexto, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz opta por dejar fuera de discusión temas que puedan tener impacto presupuestario en un año electoral, según consignó Clarín. Ricardo Lorenzetti, por su parte, impulsa el debate de estos temas. Rosatti, Maqueda y Highton presentan matices.

A la lista de temas de alto impacto económico se le podría sumar una posible convocatoria a audiencias públicas por los reclamos de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero. Estas provincias exigen que se las compense por la quita del Fondo Sojero.

Otra es la controversia entre la petrolera Esso y el Municipio de Quilmes sobre la posibilidad de cobrar la tasa de Seguridad e Higiene según la facturación de las empresas.

Existe otro trámite que el Gobierno tiene en la mira: la Corte podría resolver en breve el caso de la provincia de La Rioja sobre la consulta popular para modificar la Constitución local y así permitir la reelección del gobernador Sergio Casas.

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