El Ejecutivo español y el Govern Catalán negocian para que los soberanistas apoyen las cuentas del Estado.

El Tribunal Supremo de España dio inicio al juicio oral que juzgará a doce líderes independentistas. Esto por el intento de secesión de Cataluña en el 2017.

El proceso judicial

El proceso judicial es visto como otros de similar transcendencia histórica en la nación. Como el que juzgó a los responsables del golpe militar del 23 de febrero de 1981. O el conocido caso GAL.

El procés, ha dominado la política de España en los últimos años. Así se llama popularmente al proceso de independencia que impulsaron las fuerzas soberanistas de Cataluña. Esto a través de las instituciones de gobierno de esa Comunidad Autónoma.

Negociaciones

El Gobierno de España, a cargo del socialista Pedro Sánchez, comenzó a negociar con el president de la Generalitat catalana, Quim Torra. Buscaban un cauce para las pretensiones soberanistas dentro de un marco de legalidad en el país. Las tres principales fuerzas de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos, y Vox, reunieron decenas de miles de personas en Madrid para rechazar el posible acuerdo.

Este miércoles, las mismas fuerzas independentistas de Cataluña decidirán la suerte de Pedro Sánchez cuando el Congreso Nacional discuta el proyecto de Presupuestos Generales. Las negociaciones llevaban implícita la posibilidad de que los partidos soberanistas apoyaran las cuentas del Estado.

Quim Torra afirmó que solo aprobarían los Presupuestos Generales del Estado si las negociaciones incluían la posibilidad de un referéndum de autodeterminación. La repuesta de Sánchez fue que su gobierno no permitiría esa consulta nunca. Y que si las cuentas nacionales no se aprobaban, llamaría a elecciones anticipadas.

Referéndum de independencia

El referéndum de independencia es uno de los acontecimientos centrales que juzgará el juicio al procés.

Siete magistrados deberán decidir si en el proceso para realizar aquella consulta del 1º de octubre de 2017, se produjeron los delitos de rebelión, sedición o malversación de fondos.

La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha presentado acusaciones por los delitos de sedición y malversación. La diferencia de penas que establece el Código Penal entre rebelión y sedición, puede variar entre 5 y 15 años.

"Juicio político"

Las defensas de los doce acusados coincidieron, en que el Tribunal Supremo no era imparcial. Y que se trataba de un “juicio político”.

El abogado del expresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, afirmó que la “causa atenta contra el derecho a protestar y contra la disidencia política”.

El abogado de Jordi Cuixart, presidente una de las ONG que participó activamente del procés, afirmó que el juicio era una derrota colectiva de la sociedad española. A su vez, que no debería haber empezado, en una clara referencia a que la solución de la crisis en Cataluña debería resolverse a través de la política y no de los tribunales.

Opiniones

“Como la cuestión de la unidad nacional, la autonomía, y el autogobierno son temas muy sensibles, las soluciones intermedias se están apagando. Estamos volviendo a un enfrentamiento bifronte entre dos bloques, uno de derecha y otro de izquierda”, afirma Pasquau Liaño.

Los principales líderes opositores no han dejado de referirse al proceso judicial. Se esperan unos 500 testigos. El jefe del Partido Popular, Pablo Casado, afirmó que se iniciaba “el juicio contra el peor golpe al Estado de la democracia desde el 23 F”. Mientras que Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, sugirió que el Partido Socialista podría indultar a los dirigentes soberanistas.

El gobierno de Sánchez decidió centrarse en lo que ocurría en el recinto del Congreso Nacional. Por la mañana se desarrollaba el debate por los Presupuestos Generales.

Parece claro que las diferencias entre el Ejecutivo Español y las fuerzas soberanistas dejarán las cuentas nacionales en el aire. Sin embargo no se descarta que el diálogo político pueda traer alguna sorpresa.