Recuperó la libertad el conductor que atropelló a una ciclista en la costanera santafesina

Raúl Alberto Mucchiutti fue imputado este miércoles por haber embestido con una camioneta Ford Ranger a una mujer de 42 años, que sufrió “secuelas incapacitantes”, según dijo la fiscal.

La camioneta de Mochiutti

La Justicia le concedió este miércoles la libertad a Raúl Alberto Mucchiutti (56). El empresario bolichero acusado de atropellar con su camioneta a una mujer de 42 años que circulaba en bicicleta por la bicisenda de la costanera.

El siniestro ocurrió el domingo a la una de la tarde, en inmediaciones de avenida Almirante Brown y bulevar Muttis. La víctima, que se encuentra internada, sufrió gravísimas lesiones y según un informe médico tendría “secuelas incapacitantes”.

La fiscal de Tránsito, Carolina Parodi, había ordenado la detención de Mucchiutti el domingo. Luego de que el acusado se dio a la fuga cuando un móvil de la Brigada Operativa de Prevención Policial lo escoltaba desde el lugar del choque hasta la comisaría 5a.

“Se presentó 35 horas después del hecho”, lo que significa que “la obstaculización de las pruebas ya se ha consumado”. Ya que “hay pruebas que se han perdido y que no se podrán reemplazar”, dijo la Dra. Parodi en relación a los tests de alcoholemia y narcolemia.

En ese marco, “se le imputa una acción imprudente, que ha causado un resultado muy grave. Agravado porque se dio a la fuga y fue muy difícil encontrarlo”, resumió la representante del Ministerio Público de la Acusación.

En tribunales

Este miércoles, Mucchiutti fue  acusado por el delito de “lesiones gravísimas culposas por la conducción temeraria e imprudente de un vehículo automotor, agravado por haberse dado a la fuga” en perjuicio de Mariana del Valle Olivera.

La audiencia se realizó el la Sala Nº 4 del subsuelo y estuvo a cargo del juez penal Sergio Carraro. Mientras que el imputado contó con la defensa de los abogados particulares, Fede Céspedes y Miguel Machena.

El referente de un histórico bar-bowling céntrico no declaró, sólo a través de sus abogados planteó su disidencia en cuanto a la fuga. “No coincidimos con el agravante pero lo vamos a discutir en la instancia que corresponda”, dijo la Dra. Céspedes.

En tanto, fiscalía y defensa acordaron la imposición de alternativas a la prisión preventiva, a los fines de la sujeción del imputado al proceso. Entre las pautas centrales, Mucchiutti deberá: fijar domicilio real en una vivienda. Designar como guardador a un hermano, quien además deberá cubrir una caución real por $ 1.000.000, para lo que se ofreció un inmueble que quedará embargado. Además no podrá salir del país y deberá presentarse una vez por mes ante el MPA. Por último, la fiscalía pidió la inhabilitación para conducir por un lapso de 6 meses, con posibilidad de prórroga en tanto la causa penal no esté resuelta.

“Secuelas permanentes”

Al momento de referirse a la víctima, la fiscal Parodi destacó que los médicos que asistieron a Olivera constataron “lesiones de consideración, probablemente invalidantes” con “secuelas de paraplejía permanente”. Es decir que “son lesiones gravísimas porque ya los médicos han determinado secuelas incapacitantes”, dijo luego.

Respecto de la pronta liberación del conductor, Parodi explicó que a pesar de las consecuencias irreparables para la víctima. El delito por el cual fue imputado el conductor prevé una pena mínima de 2 y un máximo de 4 años de prisión. Además, como “las pruebas ya fueron recolectadas” y “son contundentes”, las alternativas acordadas resultarían suficientes “para asegurar los fines del proceso”.

“En este caso particular las evidencias resultan totalmente claras” por lo que “estoy en condiciones de presentar la acusación en breve”, adelantó Parodi. “Obviamente tenemos que esperar la evolución y escuchar a los familiares de acuerdo a la pretensión de ellos en la persecución penal”, amplió la fiscal, que no descarta que en las próximas semanas se presenten como querellantes.

Por último, agregó que “la inhabilitación para conducir no es una cautelar en sí, sino que tiene una función preventiva y social” y los 6 meses de plazo “es lo máximo que permite la ley y es prorrogable”, cerró.