Tribunales

El juez Penal de Santa Fe, Gustavo Urdiales, rechazó el pedido de cese de la prisión domiciliaria para un conocido empresario local, acusado por el abuso sexual de una menor de edad. El planteo, tanto de la fiscalía como de la querella, se discutió este lunes en una audiencia que tuvo lugar en el subsuelo de Tribunales que contó con la presencia del imputado junto a su abogado de confianza.

“La revisión de la prisión preventiva fue pedida por la querella y por la fiscalía”, adelantó el abogado José Ignacio Mohamad, quien representa al padre de la víctima que es menor de edad. “Pedimos que la prisión sea de carácter efectivo y no domiciliaria” como se venía desarrollando desde fines de 2017, porque “entendemos que se encuentran acreditados los riesgos procesales” que exige la ley, amplió.

Si bien el planteo había sido formulado tanto por el querellante, como por la fiscal de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas), Alejandra Del Río Ayala, el magistrado “no hizo lugar al pedido”, por lo que el empresario Alberto Héctor Dolinsky seguirá sometido a proceso en prisión preventiva morigerada.

Tras una amplia argumentación de la parte acusadora, el abogado de confianza de Dolisky, el Dr. Sebastián Gervasoni, rechazó la medida extrema argumentando que su pupilo siempre estuvo a derecho desde el inicio del proceso penal y aludió al estado de salud precaria de su pupilo.

Whisky y sexo

El imputado de 69 años, se encuentra involucrado en un presunto caso de abuso sexual y corrupción de menores contra una niña de 12 años. El hecho investigado habría ocurrido el 2 de enero de 2014, en un hotel céntrico de la ciudad, donde actualmente reside el imputado.

Según la versión de la niña en Cámara Gesell, ese día, la novia de su padre (coimputada en la causa) junto con el imputado mantuvieron relaciones sexuales en el solarium del hotel y luego en la habitación, fue obligada a tomar whisky y agredida sexualmente por el hombre. Por esos hechos, Dolinsky se encuentra imputado por el presunto “abuso sexual con acceso carnal calificado” (por ser cometido por dos personas) en concurso real con “promoción a la corrupción de menores agravada” (por ser la víctima menor de 13 años), según informó oportunamente la oficina de prensa del MPA.

La denuncia fue radicada por el padre de la víctima a fines de 2016, luego de que su hija contara lo ocurrido a su actual pareja. Recién entonces el progenitor inició las acciones legales ante la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 1.

Ricos y pobres

A fines de marzo pasado, fiscalía y querella presentaron la acusación y un pedido de pena de 15 años de prisión para el empresario, que podría ir a juicio oral a mediados del año próximo. En tal sentido, la querella adelantó que “está pedida la audiencia preliminar”, por lo que aguardan que “antes de fin de año se realice la audiencia” que pondrá al caso de cara al juicio.

También se refirió a la coimputada -Lindaci Da Silva Miranda-, de nacionalidad brasileña, quien “se encuentra en Brasil”, donde “fue detenida y luego liberada”; y si bien “hay un pedido de extradición vigente, tiene que ser juzgada en Brasil con la ley Argentina”, explicó Mohamad.

Por otra parte, el abogado que representa al padre de la víctima, también empresario del rubro maderero, adelantó que apelarán la decisión del juez Urdiales y aunque “no tenemos los fundamentos”, lo sucedido durante la audiencia da cuenta de que “hay una Justicia para pobres y una Justicia para ricos”.

En tal sentido, dijo que “teníamos acreditado tanto la existencia real y latente de peligro de fuga y entorpecimiento probatorio. Acreditamos la absoluta falta de arraigo del imputado a la ciudad, a un trabajo y a bienes”. Sobre esto último amplió: “Carece de bienes en territorio de la provincia y tiene cuentas en el exterior que las acreditamos durante la audiencia”. Es decir que “mientras que está despatrimonializado en la Argentina, maneja montos siderales en cuentas en el extranjero mediante correos electrónicos que acompañamos” en la presentación.

El abogado destacó que no se trata de versiones, sino que lo manifestado ante el juez “sucedió y lo acreditamos mediante la documental”. “Sin embargo, la Justicia prefiere hacer oídos sordos de estas cuestiones y prefiere meter presos a tipos que no nacieron ‘entre bulevares’, que tienen un recibo de sueldo, una casa y un Renault 19”, ironizó. “Hay un pedido de 15 años en la cabeza de este hombre, tanto de la fiscalía como de la querella”, exclamó Mohamad.