El Gobierno congeló la planta de trabajadores del Estado hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo para un puñado de organismos, y dejó sin efecto a partir del 1° de enero próximo todos los convenios de asistencia técnica firmados con universidades, lo que implica el despido de unos 6 mil empleados del sector público. También se recortan adicionales y bonificaciones que son parte central de los salarios más bajos del escalafón. Las medidas forman parte del plan acordado con el FMI y permitirían un ahorro de 20 mil millones de pesos por año. Esa mejora de los ingresos fiscales está por debajo de la caída que se registró por la rebaja de retenciones a los grandes cultivos agropecuarios, que se sostuvieron a pesar de la suba del dólar y que benefició directamente a los exportadores. Es decir que el ajuste fiscal no es para todos. Además, el Ejecutivo definió una serie de medidas cosméticas en términos de ahorro fiscal, como la reducción de viajes en primera clase.

“Estamos trabajando para que la Argentina se transforme en un país sustentable. Al Estado lo pagamos entre todos. Con estas medidas damos de baja un gasto que es, en buena medida, improductivo”, definió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a su dar de Modernización, Andrés Ibarra, en la conferencia de prensa que brindó hace poco más de un mes, con motivo de la presentación de este nuevo paso del ajuste fiscal. El decreto 632, que confirma esas medidas, fue publicado ayer. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y movilización.

El artículo 1 del decreto publicado ayer prohíbe que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional contraten personal ni efectúen designaciones hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El congelamiento abarca a las designaciones a términos en planta transitoria, contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual, prestación de servicios profesionales autónomos según el Decreto 1109/2017 y contrataciones bajo cualquier otra modalidad.

Al mismo tiempo, el Gobierno estableció que “los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica celebrados entre las entidades del Poder Ejecutivo Nacional y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019. Asimismo, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto las partes individualizadas precedentemente no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales”. Se estima que hay unos 6 mil contratos de asistencia técnica.

“Una de las cosas que quedan en claro es que el ajuste corta por lo más delgado. Los trabajadores bajo el contrato de asistencia técnica son los más precarizados del Estado, realizan las mismas tareas que sus compañeros que cuentan con modalidades contractuales más estables pero no tienen derechos básicos como una indemnización, aguinaldo o antigüedad. En muchos casos, se trata de trabajadores que tienen muchos años en el Estado”, indicó a este diario Luis Padín, abogado laboralista.

Fuentes gremiales esperan que haya alguna reabsorción de contratos, según versiones que dejó circular el Gobierno, aunque también está muy claro que se viene otra ola de despidos. Entre las excepciones al congelamiento en el ingreso de personal se incluye la posibilidad de que “designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción”. En la medida en que el contrato de asistencia técnica no se considera como “personal de la jurisdicción” porque el vínculo es a través de la Universidad, esa excepción no serviría como un canal de reabsorción. Sí funcionaría para otros miles de contratos que vencen regularmente.

A la vez, el decreto plantea un ajuste en los ingresos de los trabajadores estatales. El artículo 4 establece la revisión de los incentivos salariales vigentes y el 5 prohíbe la instrumentación de nuevos incentivos hasta el 31 de diciembre de 2019.

Una mirada alternativa al ajuste fiscal que se viene está dada por la versión que circula en la oficina de Presupuesto acerca de que se prevé que para el año que viene el gasto público sea igual al de 2018 en términos nominales. Como una buena parte del gasto público está indexada o atada a la evolución del dólar (jubilaciones, asignación universal por hijo, intereses de la deuda y en parte subsidios) la porción no indexada debería bajar en términos nominales. En este último grupo aparece la obra pública y el empleo del Estado, además de las transferencias a las provincias.