Tal como lo había anticipado, el gobierno de Mauricio Macri no tardó ni un día en hacer oficial el veto a la Ley de Emergencia Tarifaria que aprobó el Senado el jueves por la madrugada. Lo hizo con la publicación en el Boletín Oficial de un decreto de 12 páginas en las que usó argumentos de la expresidenta Cristina Kirchner y hasta citó un escrito de ella.

Uno de los principales puntos del veto es que la ley era violatoria de la Constitución. Al respecto, señala que las modificaciones tarifarias son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Legislativo. “Nuestro máximo tribunal explica que la apreciación de la autoridad administrativa acerca de la justicia y razonabilidad de las tarifas a los fines de su aprobación es una facultad privativa del Poder Ejecutivo”, indicó el decreto que lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Críticas a la gestión de Cristina Kirchner

El documento citó una resolución dispuesta por Cristina donde explica que una ley puede ser vetada si supone condiciones inviables para la economía. En ese momento, indicó, la ahora senadora fundamentó la medida en que “la aplicación de las condiciones establecidas en el proyecto bajo análisis se consideran inviables desde el punto de vista económico financiero, no siendo factible su implementación y sustentabilidad en el tiempo”.

Sin embargo, ese argumento no fue el único en el que se mencionó a la gestión anterior: “Las políticas adoptadas para el sector energético hasta diciembre de 2015 y desde el inicio del período emergencia pública declarada por la Ley N° 25.561 en enero de 2002, generaron un severo deterioro del sistema de abastecimiento de energía de nuestro país”.

“Durante más de una década, las referidas políticas y el abandono de criterios establecidos en los marcos regulatorios desincentivaron la inversión, perjudicaron la calidad de la prestación de los servicios y llevaron a dilapidar recursos públicos, que no fueron destinados a la ejecución de las inversiones necesarias para garantizar un suministro de energía seguro y eficiente, sino a solventar momentáneamente el consumo de dicha energía, evitando poner de manifiesto el verdadero valor de la energía y omitiendo las señales de precio que resultan necesarias para el equilibrio del sistema de abastecimiento y cuidado del ambiente”, expuso.

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En ese sentido, defendió las subas de tarifas, al señalar que “pese a los elevados índices de inflación observados durante ese período, la devaluación del valor de la moneda nacional y los crecientes costos reales de abastecimiento, el precio mayorista de la energía eléctrica y el precio del gas natural en el punto de ingreso en el sistema de transporte, así como las tarifas de los servicios públicos de jurisdicción nacional, se mantuvieron sin adecuaciones acordes a dicho contexto, lo que provocó un distanciamiento creciente entre los precios de la energía pagados por los usuarios y los costos reales de abastecimiento, con consecuencias nocivas sobre el sector y sobre la economía del país”.

Además, sostuvo que “en ese marco se implementaron políticas de subsidios generalizados e indiscriminados, por el que los sectores de la población con mayores recursos recibían la mayor parte del total de los subsidios, que eran soportados por todos los contribuyentes del país”.

En el texto, el Presidente agregó que los subsidios fueron solventados “incluso por aquellos que no gozaban de algunos de los servicios subsidiados, ya que carecían, en sus localidades o regiones, de la infraestructura de redes necesarias para su abastecimiento, especialmente las redes de gas natural, situación de inequidad que se prolongó en el tiempo por la aludida ausencia de la inversión necesaria para extender dichas redes”.

Defensa a la suba de tarifas

Al respecto, el Gobierno defendió el el camino adoptado que “tiene por objeto terminar con un sistema de subsidios injusto, desigual y obsoleto, que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación califica como una opacidad de la tarifa que no permite conocer sus costos reales, con la consiguiente afectación de los derechos de los consumidores y usuarios de dichos servicios”.

“Las políticas adoptadas desde diciembre de 2015 disponen un proceso de recomposición paulatina del régimen tarifario, que permita salir del sendero de dispendio (de subsidios y consumo), restablecer un régimen tarifario justo y equitativo, alentar la producción, lograr inversiones que mejoren los servicios y hacer un uso responsable de recursos energéticos, reduciendo impactos negativos sobre el ambiente”, argumentó.