Investigan el destino de armas de fuego que debían destruirse

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En noviembre del año pasado, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe ordenó quemar 700 armas de distintos calibres para dejarlas fuera de uso. Sin embargo, en los meses subsiguientes 17 de esas piezas fueron halladas en manos de delincuentes durante operativos policiales, por lo que en algún momento desde que se dio la directiva hasta que llegaron efectivamente al horno correspondiente, fueron desviadas al circuito ilegal. 

Según fuentes consultadas, las armas estaban en principio acumuladas en una dependencia policial que pertenece a la cartera de Seguridad, y luego habrían pasado a un depósito judicial que funcionaba por ese entonces en las antiguas fiscalías de Urquiza y Tucumán. De allí fueron trasladadas (en cuatro tandas, debido a la cantidad) al mencionado horno, situado en Aristóbulo del Valle y Pavón. 

Pero en algún momento de todo ese proceso, 17 se desviaron. Esto fue detectado porque se hallaron en manos de delincuentes piezas sin cachas, y las mismas son quitadas justamente cuando van a ser quemadas. Y lo cierto es que no se sabe cuántas otras más corrieron la misma suerte. 

Por ello, tanto el fiscal Andrés Marchi del Ministerio Público de la Acusación, como la Policía de Investigaciones y Asuntos Internos están investigando el hecho.