Sigue el escándalo por las coimas

APYME presentó una demanda contra la Provincia para que cese de manera inmediata los irreparables daños causados al comercio y la producción local por el permanente y reiterado incumplimiento de la ley que regula la extracción y comercialización de la pesca. Denunciaron que les piden 150 dólares de coima por tonelada y ahora se sumaron los pescadores de varias ciudades que comenzarán con cortes de ruta, piquetes y el corte del Puente Rosario-Victoria por sentirse usados y perjudicados.

El abogado Gustavo Gabriel Abraham, como apoderado de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (APYME) de Santa Fe, presentó una demanda contencioso administrativa sumaria contra la Provincia de Santa Fe con el objetivo de hacer cumplir las leyes nacionales y provinciales vigentes, evitando y haciendo cesar de manera inmediata los irreparables daños causados al comercio y la producción local por parte de la demandada sobre todo en estricta relación al permanente y reiterado incumplimiento al marco previsto por la legislación que regula la extracción y comercialización de productos derivados de los recursos ícticos, conductas que además violan los derechos a la protección de sus fuentes de trabajo, comercios e industrias que los vecinos de esta Provincia tienen adquiridos y amparados por las leyes y constituciones de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina.

En el escrito al que accedió Sin Mordaza se expresa que "ante la desidia, burocracia, ilegitimidad y de sospecha de corrupción, a los ciudadanos no les queda otro camino que acudir a la tutela judicial en pos de la protección de sus legítimos derechos, habiendo agotado todas las instancias administrativas previas, lo que habilita la vía en esta instancia".

En la presentación se expresa que las empresas locales vinculadas al segmento de la comercialización, producción y distribución de productos derivados de la pesca, vienen sosteniendo una importante y desigual lucha en pos de la defensa de sus fuentes de trabajo, comercios e industrias ante el avance desmedido de políticas gubernamentales cercenatorias a sus derechos e intereses, las que además adolecen de toda justificación fáctica o jurídica.

En el recurso planteado reclaman "la aplicación inmediata de la legislación vigente que no es otra que la ley provincial Nº 12.212 y su decreto reglamentario Nº 2410, y la Ley Nacional de Pesca, la que por la desidia, burocracia y porque no últimamente posible corrupción de los diferentes gobiernos de turno ha venido postergando los intereses del sector en beneficio de otros que sólo se basan en discursos supuestamente proteccionistas pero sin ningún tipo de rigor científico. En ese contexto la Provincia de Santa Fe, mediante su Ministerio de la Producción vino desconociendo e infringiendo total y arbitrariamente la aplicación de la ley, los decretos y lo que es peor aún sus propias Resoluciones, con el agravante de atemorizar al empresariado bajo la supuesta aplicación de sanciones que van desde las clausuras hasta la quita de licencias, etc. Para ello se echó mano a los más variados y descabellados argumentos fácticos y jurídicos, todos encaminados a burlar la norma, como si su aplicación o no fuera de arbitrio exclusivo del Ministro de la Producción y de sus subalternos".

Asimismo desde APYME piden clarificar la situación de irregularidad, que tuvo como partícipe a un frigorífico del sur de la provincia que podría derivar en un importante proceso penal, incluso con responsabilidad para funcionarios tanto del Ministerio de la Producción como del SENASA, ya que existiría un tratamiento arbitrario y desigual entre los empresarios del norte o del sur provincial, con favoritismo sobre estos últimos.

También denunciaron la tardía entrega de los "cupos de captura y exportación" previstos por la ley Nº 12.703 y los cupos de captura deben ser entregados a los "pescadores", y que bajo esta circunstancia se ha efectuado un tratamiento irregular del tema con una abierta manipulación y violación a la normativa y el derecho, ya que la entrega se efectuó exclusivamente a dos entidades gremiales supuestamente representativas de los pescadores, extremo que resulta totalmente falso y carente de toda lógica fáctica y jurídica.

Se trata del Sindicato de Pescadores de la Provincia de Santa Fe, cuyo secretario general es Juan Carlos Billarreal y la Asociación Civil de Pescadores de la Provincia de Santa Fe representada por Carlos Milocco y Miguel Ceballos.

Así, a poco de indagar sobre la constitución de estos "sindicatos de pescadores", se podrá concluir que los mismos no son tales, sólo sirven a los intereses de unos pocos y posiblemente de los funcionarios que pactan con ellos.

Por otro lado, resulta al menos curiosa la decisión del Ministerio de otorgarle los cupos a estas personas, ya que negocia con un supuesto "gremio" de pescadores, cuando en realidad los pescadores no se encuentran bajo ninguna relación de dependencia, ejerciendo libremente el comercio, como una profesión autónoma al extremo que se encuentran inscriptos impositivamente en su gran mayoría como monotributistas.

Para agravar aún más las cosas debemos manifestar dos graves hechos derivados de la metodología empleada: 1) Se les permite a entidades de dudosa legitimidad la fijación monopólica y la manipulación antojadiza de los precios del mercado. 2) Las entidades en cuestión no son entidades que puedan ejercer el comercio, atento a su constitución, origen y objeto.-

El primer punto generó que se fijara un precio imposible para el mercado, convirtiendo a las empresas en rehenes de "ambos beneficiados", ya que de no pactar con ellos de la manera y por los montos que estos unilateralmente fijan se encuentran imposibilitadas de ejercer el comercio y mucho menos de exportar.

La gravedad es extrema, toda vez que la pretensión de sus representantes ha sufrido un incremento de más del 100% respecto al año anterior, cuestión que ni el mercado local ni el internacional puede absorber, siendo producto sólo del accionar caprichoso e ignorante de los dirigentes, quienes podríamos decir que han obtenido patente de corso sobre las empresas por estricta complicidad de los funcionarios actuantes.

Pero no sólo a los frigoríficos y exportadores perjudica la cuestión, sino y primariamente a los propios pescadores ya que continúan desprotegidos, esto es así porque lo que en realidad los Exportadores deben "adquirir" a las "organizaciones" es el "cupo", para después recién poder comprar el producto de los pescadores al precio de plaza, sin que éstos tengan participación en aquellos "dividendos".

Concretamente, son obligados a negociar con dos organizaciones de dudosa legitimidad, las cuales no pueden ejercer el comercio pero perciben injustificados y abultados beneficios, cuyos destinatarios esta parte desconoce pero que para su dilucidación seguramente habrá que profundizar la investigación.

El escrito presentado en la justicia también relató lo denunciado por Sin Mordaza la semana anterior: "Todos los actores han sido convertidos en rehenes de esta situación, viendo peligrar su fuente de trabajo, versiones oficiosas indican que el 'canon' exigido por ambas organizaciones de común acuerdo rondaría los ciento cincuenta dólares (U$S 150) por tonelada, y quienes no estén dispuestos a abonarlos no podrán comercializar".

El otro punto del conflicto se sitúa la falta de cumplimiento por parte de la administración provincial en el reparto de los cupos de exportación otorgados por la Nación en el Decreto Nº 931/09, es decir la Provincia injustificadamente restringe la exportación de pescado, brindando a los exportadores cupos de exportación muy inferiores a los propuestos desde la Nación.

Fuente: SM

Imprimir

Contacto | Publicidad | Noticias | Quiénes somos | Normas de confidencialidad y privacidad