La cárcel será inaugurada en enero de acuerdo con cálculos del Ministerio de Justicia bonaerense con capacidad para más de 600 detenidos. Sin embargo, las críticas ya aparecieron.

 

La curva ascendente de presos que comenzó con la gestión Scioli continúa. Hay un exceso numérico de al menos 10 mil detenidos en la provincia de Buenos Aires con respecto al cupo. El contexto nacional no se salva tampoco: se estima un 15,2% de sobrepoblación global de todo el sistema de cárceles argentino de acuerdo al último informe del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena del Ministerio de Justicia de la Nación. Casi la mitad de los presos están todavía sin condena bajo el signo evidente del exceso de aplicación de prisiones preventivas y falta de medidas alternativas declaradas por jueces en un sistema saturado.

En el medio, organismos como el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria hablan de una crisis humanitaria.

La nueva Unidad de Campana, en el pensamiento de Ferrari, tampoco se trata solo de descomprimir. Recibirá internos de un perfil definido como su nombre lo indica: jóvenes de 18 a 21 años de edad, un segmento que representa el 8% del total de los presos de la provincia en Buenos Aires. El 58% de todo este grupo, asegura el Ministerio de Justicia, está procesado por delitos contra la propiedad, robos y hurtos, un índice mucho mayor si se compara al número general de todos los presos argentinos, con un 40% detenido por robo y delitos similares.

Ferrari habla de la nueva Unidad Modelo como el último penal en que estos jóvenes deberían estar en sus vidas: el ministro habla de rehabilitación y reinserción social bajo un sistema de videovigilancia integrado, de revinculación familiar en el lugar, un espacio para tratar adicciones a las drogas, cupo escolar garantizado con lugar para 480 internos, talleres laborales para que trabajen más de 200 detenidos, un polideportivo para practicar fútbol y basket, rugby con los Espartanos, capilla, huerta. Hasta una pequeña planta de reciclaje de residuos.

Los traslados a la Unidad Modelo, aseguran en el Ministerio, no serán compulsivos: los presos deberán pedirlo formalmente y se enfrentarán a un criterio de admisión basado en conducta. “Si apuñalaron a alguien en una riña difícil que puedan venir”, asegura un asesor.

Los módulos de cuatro celdas cada uno alojarán a cuatro detenidos por celda, con un sector común. Ferrari espera reducir el nivel de riñas con el nuevo espacio. “Mirá”, dice el ministro mientras entra a una celda tras el portón de metal y señala al inodoro de cemento: está en un ambiente aparte, adjunto a la celda general, no a centímetros de los catres.

Todo este proyecto, aseguran dentro del Ministerio de Justicia provincial, costará “710 millones de pesos.”

 

Las críticas

En los últimos años, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, se convirtió en uno de los críticos más firmes de la situación en los penales bonaerenses. Hoy, el organismo de derechos humanos estudia realizar una nueva presentación ante la Suprema Corte provincial donde reforzará sus puntos de vista.

Para el CELS, las nuevas plazas que promete el Servicio Penitenciario Bonaerense en Campana y en otros penales de la provincia que enfrentan remodelaciones no solo no alcanzan para el exceso actual sino que tampoco contemplan el crecimiento a futuro.

“La cuestión hoy es que esas plazas se necesitan para absorber la sobrepoblación. Y la franja de jóvenes por delitos contra la propiedad es mayoría. La segmentación no está mal”, asegura la abogada Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del organismo.

Sin embargo, dado el nivel de hacinamiento, asevera Litvachky, “todo hace pensar que no van a poder mantener ese penal con el modelo que están pensando, va a empezar a estar excedido porque necesitan incorporar el exceso de detenidos. Vos podés tener una buena política en términos penitenciarios, pero la experiencia de construcción de cárceles modelo han tardado muy poco en ser absorbidas por los problemas de arrastre del Servicio Penitenciario.”