Hoy se derribó la última vivienda de Esmeralda y La Paz en el marco de un proyecto habitacional del Plan Abre en la zona de la Ciudad Universitaria. Algunos vecinos, que se oponen a dejar el lugar, denunciaron que fueron rociados con gas pimienta por parte de la Policía.

A pesar de la resistencia y oposición de algunas personas, este miércoles a la mañana, se tiró abajo una vivienda en La Paz y Esmeralda. Era la única casa que quedaba por derribar, en el marco de un proyecto habitacional del Plan Abre en la zona de la Ciudad Universitaria. El operativo contó con una fuerte presencia policial, autoridades municipales y provinciales y representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los vecinos que rechazan la iniciativa porque aseguran que se quedarán sin lugar de residencia, acusaron a las fuerzas de seguridad de reprimir con gas pimienta.

Vecinos que habitan en el barrio República de la Sexta resistieron esta mañana la demolición de una vivienda en inmediaciones de La Paz y Esmeralda. Los habitantes acusaron a la Policía apostada en el lugar de arrojarles gas lacrimógeno y apuntaron tanto al gobierno municipal como provincial por no respetar un supuesto amparo judicial que impediría avanzar con la destrucción de esas unidades, en el marco del Plan Abre. Desde el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat (SPVH) aseguraron que estas personas no son los propietarios del inmueble en cuestión y sostuvieron que la demolición permite avanzar con la obra de las viviendas que habitarán los residentes del barrio, una vez finalizadas.

Se conoció la presencia de algunos vecinos que se oponían este miércoles a que se tirara abajo el inmueble. De acuerdo a testimonios recogidos en el lugar, estas personas insistían en que un amparo judicial a su favor impedía la demolición que se había en ese momento. Apuntaron a los efectivos policiales que habían formado un grueso cordón ante el predio y los acusaron de reprimir con gases lacrimógenos, incluso a los niños presentes.

Quienes resistían la operación, explicaron que el plan de viviendas los dejará sin un techo. Señalaron que en muchas ocasiones se contactaron con autoridades municipales y provinciales para expresar su oposición pero nunca fueron escuchados y que en realidad, no hay ninguna obra en ejecución.

Más tarde el director del SPVH, Manuel Sciutto, confirmó que se había concretado la demolición de la última vivienda. Lejos de las versiones dadas por los vecinos, el funcionario confió que la familia que habitaba esa casa había acordado con el Ejecutivo su retiro y así poder tirarla abajo. “Esta gente no es la que habita la casa”, remarcó sobre los manifestantes.

Sciutto garantizó que la obra impulsada por los gobiernos municipal y provincial junto a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) le dará techo a unas 300 familias que son las que antiguamente estaban asentadas en los terrenos. “Van a poder vivir en condiciones más dignas”, observó. Finalmente, afirmó que el desalojo de los vecinos y su regreso a las casas nuevas “está acordado y firmado”.