El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Javier Aga estuvo en los estudios de Sin Mordaza TV. Habló sobre el estudio de la Empresa Provincial de la Energía desde la óptica del consumidor: ¿Hay abusos?

Municipios, comunas y vecinos de la provincia de Santa Fe solicitaron asesoramiento a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. A través de su Clínica Jurídica de Interés Público, se trabajará sobre posibles violaciones a los derechos de los consumidores del servicio de energía pública provisto por la EPE.

En una nota donde se manifiesta la preocupación por la actuación de la EPE como distribuidora, proveedora y prestataria del servicio de energía pública, distintas instituciones solicitan a la FCJS el estudio del caso, a través de su Clínica Jurídica de Interés Público, para tratar de detectar “una serie de situaciones y conductas que se encuentran reñidas con los derechos fundamentales de los consumidores”.

“La Clínica Jurídica nos permite que profesores, especialistas en el área, investigadores y estudiantes avanzados de la carrera de abogacía puedan abocarse, en este caso, al estudio del servicio que presta la EPE desde el punto de vista del consumidor”, dijo Aga en Sin Mordaza.

Sobre el reclamo
En la nota recibida, se señalan situaciones de posibles violaciones a los derechos de los consumidores por parte de la EPE y “una serie de prácticas consolidadas que afectan de manera permanente a los usuarios”, entre las que se destacan:

  • No adecuación del accionar de la Empresa a premisas básicas constitucionales como la falta de información y transparencia.
  • Falta de lectura concreta y efectiva de medidores.
  • Estimaciones arbitrarias.
  • Traslados de costos a la factura que resultan improcedentes.
  • Tarifas estimatorias por servicios que no respetan la realidad del consumo efectivo.
  • Falta de realización de audiencias públicas para todos los aumentos y cambios en las tarifas.
  • Facturación bimestral que incide en costo impositivo final del servicio.

De esta manera, y entendiendo que la FCJS cuenta con “la especialización y capacidad de los recursos humanos y la experiencia acumulada en materia de Clínica Jurídica de Interés Público”, los firmantes solicitaron su intervención en el caso.

Leer más: Boscarol presentó el proyecto para que la EPE no pague ingresos brutos

“Se va a mirar que los derechos del consumidor y demás normativas se cumplen o no”, indicó el decano.

Cómo se puede acceder a los números de la EPE

Consultado sobre en base a qué van a trabajar, teniendo en cuenta que es “imposible” acceder a los números que maneja la empresa provincial de la Energía, Javier Aga dijo que “se aclarará bien la normativa jurídica, desde la Constitución para abajo, cuáles son los derechos y obligaciones de todos los consumidores. A partir de ahí, ver todos los problemas en concreto que se plantean”.

En este sentido, Aga dijo en Sin Mordaza, que por ejemplo “no está claro en la facturación qué es lo que la EPE está cobrando”.

“En esta investigación que vamos a hacer, vamos a solicitar a los directivos de la EPE poder reunirnos con ellos, la documentación que necesitamos para evaluar y ojalá que todos estén a disposición de la facultad”, dijo Aga.

“Queremos que la EPE siga siendo del Estado, pero que cumpla con los parámetros de información, transparencia y garantía de los canales de participación ciudadana”, Javier Aga.

Escuchá la nota completa: