A una semana del anuncio del aumento de las retenciones y a otra de presentar el Presupuesto 2019, se dispuso elevar el déficit fiscal de 2018 en $18.087 millones.

El Ministerio de Hacienda emitió una señal contradictoria para la recuperación de la confianza de los mercados, en particular de los inversores internacionales, luego de apenas tres días con mejora del humor de quienes operan con bonos, acciones y cambios, y que posibilitó revertir la inquietante baja de las reservas de divisas en el Banco Central.

Con la firma de los ratificados Nicolás Dujovne y Marcos Peña, el Boletín Oficial publicó la Decisión Administrativa 1.605, con fecha 7 de septiembre, aunque claramente redactada con anterioridad al cambio de la estructura ministerial, porque atribuye autorizaciones de gastos a carteras que han sido transformadas en Secretarías de Estado, como las de Agroindustria, Salud, y Trabajo, entre otras.

La medida, que consta de un anexo con 169 folios, da cuenta de autorizaciones de gastos adicionales a las originalmente aprobadas del Presupuesto 2018 para lo que resta del corriente año por $40.548 millones, pese a que solo prevé contar con recursos corrientes extras a los programados por $22.460 millones. Esos ingresos provienen del Ministerio de Trabajo, pese a que en los anuncios del 3 de septiembre se lo degradó a la categoría de Secretaría, dependiente del Ministerio de Producción que comanda el economista Dante Sica.

De ahí surge que a una semana de comunicar un nuevo programa, más exigente de baja del déficit fiscal, principalmente de la mano de un impuesto transitorio a todas las exportaciones de hasta un 12%, con topes de $4 para los productos primarios y de $3 para el resto, por el que se esperan captar hasta fin de año unos $68.000 millones, el Ministerio de Hacienda autorizó partidas de gastos por el equivalente al 60% de ese ingreso hipotético, aún no realizado.

No solo eso. Como los recursos esperados por otros conceptos en la DA 1.605 -no explicitados- apenas cubren poco más del 60% de las nuevas erogaciones, el déficit primario aceptado se eleva en $18.087 millones.

Y para peor, tampoco constituye una buena señal para la sociedad y empresas en su conjunto, a las que se les pide un esfuerzo adicional para poder superar la crisis de confianza, que se autorice una nueva expansión de la autorización del gasto público para pagar salarios y otras erogaciones corrientes, las cuales en un estado de emergencia deberían solventarse con recortes de partidas intra sector público para no afectar el resultado total.