Referentes de estos espacios culturales aseguran que el atraso de los subsidios y el aumento de las tarifas, los ponen en jaque cada mes.

“La preocupación de muchas de las bibliotecas populares es poder abrir las puertas todos los días”. Así, descarnadamente, los referentes de algunas de las 24 entidades culturales que tiene Rosario plantean la situación que atraviesan día a día, más aún en los casos donde además de espacios de lectura, son lugares de contención y acompañamiento en esos barrios donde las necesidades abundan. Si bien la ley los exime del pago de algunos impuestos, la suba de servicios les incrementó los costos de funcionamiento y los subsidios de la Nación no sólo son una carrera de obstáculos, sino que además vienen a cuentagotas.

La presidenta de la Asociación de Bibliotecas Populares de Rosario, María Luisa Carletti, admitió que “la situación es muy difícil” pero prometió dar batalla en estos tiempos de vacas flacas: “Abrimos en el pasado y vamos a trabajar en esta época de crisis para poder seguir abriendo las puertas”.

La red de bibliotecas populares de la Argentina, que tiene más de dos mil espacios a lo largo y ancho del país, es única en Latinoamérica y “en el mundo”, sube la apuesta Carletti y recuerda que se puso en marcha en el siglo XIX, de la mano de Domingo Faustino Sarmiento. En Rosario no son pocas, suman 24 en total en los seis distritos de la ciudad y si bien cada una tiene sus características, a la mayoría de ellas no se les hace fácil la subsistencia.

“Depende de dónde funcionen y cómo se trabaje, pero es cierto que el denominador común es la preocupación por poder abrir las puertas al otro día”, admitió la titular de la entidad que las nuclea. Es que al aumento de las tarifas, se suman los engorrosos trámites que enfrentan a puro trabajo voluntario para poder cobrar subsidios que no llegan, fundamentalmente de la Comisión Nacional de Bibliotecas populares (Conabip).

Además de presidir la asociación, Carletti está al frente de la Biblioteca La Florida, en la punta norte de la ciudad. Allí, en los meses en que no se prendió una hornalla ni una estufa la factura de gas alcanzó los 400 pesos mensuales, cuando históricamente se pagaban 40 pesos por bimestre.

Si bien los espacios están exentos del pago de impuestos municipales y provinciales, así como del agua, lograr una tarifa preferencial de luz, por ejemplo, requiere un trámite que en caso de atrasarse, puede significar una factura impagable. Eso le sucedió a la Biblioteca Pocho Lepratti, que funciona en el corazón de barrio La Tablada. Tras una mudanza, en el nuevo local recibió una cuenta de energía eléctrica de 8 mil pesos.

“Es una cifra que no está para nada a nuestro alcance”, dijo su director, Carlos Núñez, que si bien se hizo cargo de no haber hecho el trámite a tiempo, consideró que “la tarifa de los servicios no tienen absolutamente nada que ver con lo que los trabajadores ganan y mucho menos con la relación de las asociaciones civiles sin fines de lucro”.

Ayuda atrasada

Mirta Fernández está al frente de la Biblioteca Homero, en el norte de la ciudad, y con tesón tiene “todos los papeles en regla”. Así y todo el subsidio de la Nación, categoría A —la más alta—, lleva meses de atraso. “No sólo no se incrementó en un peso desde año pasado sino que aún no cobramos”, señaló la docente. Carletti admitió que “la situación se repite en muchos espacios, porque llegan a cuentagotas”, y agregó: “Si están recortando en educación y salud, como no van a recortar a las bibliotecas”.

Para Fernández, sin dudas, “el recorte fiscal de la Nación incluye estos espacios”, y admite su “bronca e impotencia porque son lugares de contención en los barrios, de actividades y mucho más que una biblioteca que presta libros”.

La bronca además pasa porque la Conabip les exige tener abierto “por lo menos 20 horas semanales, pero paga subsidios de 90 mil pesos al mes, en el mejor de los casos (los subdidios categoría B rondan los 60 mil pesos y los C los 50 mil). Eso apenas si te da 8 mil pesos mensuales, y encima sólo podés usar la mitad para pagar un bibliotecario”.

Los aportes de la provincia y el municipio están, pero aseguran que “son recursos escasos”. El problema, indica Carletti, es que “hay lugares donde a los socios se les puede pedir un aporte de 40 pesos, pero hay barrios donde eso es casi imposible”.

A todo eso, todos suman lo engorroso de los trámites. “Hay trabas y trabas. Te observan todo como si fuera un estudio de abogados, cuando somos entidades culturales que hacemos todo a través del trabajo voluntario”, dijo con enojo Claudia Martínez, de la Biblioteca La Cachilo, que funciona en el oeste, y que tiene mensualmente gastos de entre 40 y 50 mil pesos.

Allí, los subsidios hace tiempo que no llegan, e incluso el servicio de internet, una suma que ronda los 9 mil pesos, “tampoco lo están pagando”, dijeron las directoras de La Cachilo y La Homero. “El panorama es desolador”, dijo Fernández y, como vicepresidenta de la federación que nuclea a las bibliotecas a nivel provincial, afirmó que “se repite en el resto de las ciudades santafesinas”.

Los referentes coinciden en que se trata de “un momento de mucha desprotección” y donde muchos llegan a cada fin de mes preguntándose qué hacer el próximo.