El ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en el desarmadero ilegal.

Cientos de toneladas de autopartes de un desarmadero ilegal que funcionaba en la ciudad. y cuyas piezas fueron incautadas por la Justicia Penal, finalmente fueron compactadas. Lo que quedó disponible de la compactación (alrededor de 200 toneladas de metal) será vendido y lo recaudado será destinado a fines sociales y también se prevé donar bienes a entidades civiles.

Se estima que entre los bienes incautados en este desarmadero había 220 chasis y 200 mil autopartes.

De la actividad participaron el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, y el referente de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), Matías Figueroa Escauriza.

El gobierno provincial percibirá fondos que se destinarán con prioridad a escuelas, hospitales y clubes de barrio. Además de las 200 toneladas de metal, hay trece motores que se donarán a escuelas técnicas para mejorar sus talleres y darles mayores herramientas de aprendizaje a los alumnos, y un auto Chevy de colección, de la década de 1960, que tendrá como destino un museo para que lo restaure y lo exhiba.

Tras la actividad, Pullaro dijo: “Somos la primera provincia que le saca los bienes al delito y los pone a disposición de instituciones de bien. Por supuesto que el Estado no tiene la capacidad de vender las autopartes, pero sí de compactarlas y de donar ese dinero, fundamentalmente a la educación”.

A su vez, Figueroa Escauriza manifestó: “Con esta acción, le seguimos pegando al delito donde más le duele, que es en su poder económico. Para que todas estas piezas no vuelvan al circuito ilegal, las compactamos”.

n cuanto a lo que se obtenga de ese proceso, el funcionario de la Aprad aseveró: “Se comprarán elementos para escuelas públicas de Rosario, para dárselas a los estudiantes. Por ejemplo, computadoras o tablets”.

A las compactaciones se suman las subastas de automotores que se harán a principios de octubre en el marco de la Aprad y las cuatro casas expropiadas en Melincué, que pertenecían a una red de prostitución y en junio pasado fueron escrituradas a nombre de la provincia.

La Aprad, inaugurada en julio, se hace cargo de la custodia y destino final de los bienes decomisados. “Estos elementos van a ser destruidos a través de la compactación o posterior fundición, lo cual posibilita que sean reutilizados como materia prima en la industria del metal”, sumó Figueroa Escauriza.

La empresa que realiza los trabajos de limpieza y separación de residuos, corte, compactación y transporte de los bloques de chatarra al destino de disposición final, donde serán fundidos y reutilizados en nuevos procesos productivos, le paga al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esa materia prima.