La medida fue tomada por decreto por el gobierno provincial para reforzar la seguridad por la ola de atentados a los miembros del Poder Judicial y causó malestar entre uniformados que anuncian réplicas.

Un decreto del gobierno provincial que suspende las licencias de policías debido a las recientes balaceras ya tiene insinuado su rebote: los uniformados que se sienten afectados responderán con la presentación de recursos de amparos para garantizar sus derechos laborales.

Los que anuncian estas respuestas judiciales son policías que aducen haber gestionado con la anticipación debida sus pedidos de licencia y que tienen programadas actividades, o viajes comprados u otras obligaciones, que la resolución 2022 del Poder Ejecutivo provincial realizar les impide. Esta medida decide cancelar los otorgamientos de vacaciones por tiempo indeterminado, “a partir de los acontecimientos delictivos sucedidos en la ciudad de Rosario, y que consistieron concretamente con balaceras a distintos inmuebles asociados con magistrados intervinientes en el juzgamiento de la Banda de Los Monos”.

La medida requerida por el Secretario de Seguridad Pública Omar Pereyra y firmada por el gobernador Miguel Lifschitz supone la suspensión del otorgamiento de licencias “sea ordinaria, extraordinaria o excepcional”, salvo en los casos de mujeres que estén en periodo de lactancia o cursen un embarazo.

Varios policías se comunicaron con La Capital para adelantar que están en marcha recursos de amparo judiciales para hacer valer los derechos de aquellos tienen compromisos en las fechas que gestionaron licencias.

Por razones obvias, dijeron, no pueden hacer reivindicaciones gremiales motivo por el cual no expresan su demanda de modo público. El decreto también prohíbe la utilización de teléfonos celulares y cualquier tipo de dispositivos electrónicos en el horario de trabajo para quienes realizan tareas de custodia, seguridad y patrullaje a pie, debiendo cada efectivo dejar esos elementos en la dependencia en que vayan a tomar servicio.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) habían señalado a este diario la semana pasada que la Unidad de Protección de Testigos, que es la dependencia policial de más de cien efectivos que tiene a cargo resguardos, no daba abasto para cumplir con las custodias.
Los pedidos de protección se elevaron a raíz de los atentados, una docena en total, ocurridas desde el 29 de mayo pasado, cuando fueron atacadas a balazos dos viviendas relacionadas con el juez Ismael Manfrín, presidente del Tribunal que juzgó a Los Monos.

Por este hecho fue identificado por fiscales del MPA Ariel “Guille” Cantero, líder de Los Monos, como autor ideológico, lo que fue expuesto en una audiencia imputativa en la que quedaron con prisión preventiva dos personas acusadas de autores materiales de los ataques.