Con las balaceras como coyuntura, un abogado envió cartas a lugares que frecuentaba un economista al que acusaba de tener un vínculo amoroso con su pareja. Generó una denuncia de una conocida institución y disparó una investigación. Fiscalía ordenó allanamientos y lo imputaron.

El anuncio de una “sorpresa con ruido” en una carta firmada falsamente por “Los Monos” generó que un episodio que si bien podría reducirse a la intimidad de una pareja o su entorno finalmente desviara la atención y recursos de la investigación penal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) por las balaceras a jueces y policías.

Al final, esa pesquisa derivada por la denuncia de una conocida institución de la peatonal Córdoba reveló que era una amenaza de un abogado que nada tiene que ver con la banda a un economista al que le adjudicaba un romance con su mujer.

La primera carta fue enviada el 29 de junio a un lugar céntrico que la víctima frecuenta por su trabajo. Luego se replicó en días siguientes a otros espacios, todas instituciones con base en el centro de Rosario. El escrito manifestaba que si el economista no cesaba con su actitud o vínculo con la mujer, para el 13 de julio iba a haber “una sorpresa con ruido”. Lo que disparó la alarma de las autoridades fue la llamativa firma del escrito: “Los Monos”.

Con las balaceras como contexto, la inmediata denuncia fue adjudicada a la Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos, que por entonces ya agrupaba los hechos que siguieron al primer ataque a domicilios en los que habitó el juez Ismael Manfrín.

Así, cuando los alcances eran una incógnita, los funcionarios del MPA abrieron una investigación paralela y asignaron tiempo y recursos para algo que –según lograron desentramar tiempo después– no tenía relación con la causa o la banda, sino que era un hecho aislado pero encubierto en la coyuntura.

“Se hizo así dada la posibilidad relación, aunque no fue la línea más concreta desde un principio”, explicó Sebastián Carranza, director de Prensa de Fiscalía, área en la que confirmaron los hechos aunque reservaron detalles sobre los involucrados.

Entre los más de 50 allanamientos derivados de las investigaciones por los ataques a miembros del Poder Judicial y la Policía de Santa Fe y el análisis de los más de 80 celulares, armas y motos secuestradas, como así también las pericias balísticas, los funcionarios ordenaron a la Policía de Investigaciones procedimientos en un domicilio particular y en un estudio jurídico.

Eso se realizó el 27 de julio, con el sospechoso ya identificado y varias medidas sobre él. Entre otras cosas, habían descartado que el abogado implicado tenga relación con la banda, pero remarcaron que pudo haber aprovechado la coyuntura para intimidar a quien adjudicaba una relación con su esposa.

Al final, el letrado fue imputado la semana pasada en libertad en Fiscalía por el delito de amenazas calificadas.