Miguel Ángel Pichetto

El Bloque Justicialista del Senado buscará el martes avanzar rápidamente con la firma del dictamen para un proyecto propio sobre extinción de dominio, sin consenso con Cambiemos. Con esta ley el Estado podría recuperar bienes relacionados con delitos, como por ejemplo, corrupción durante la función pública. Una iniciativa impulsada por el oficialismo quedó “cajoneada” en el parlamento y, por eso, la intención del peronismo despertó las críticas.

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reunirá en el Salón Arturo Illia al mediodía, dos horas antes de que continúe la audiencia pública sobre legalización del aborto. Allí, los senadores conducidos por Miguel Pichetto intentarán firmar el dictamen de su proyecto en el que, hasta ahora, no hay consenso con el oficialismo, según dejaron trascender fuentes de ambos espacios. Se espera incluso que se firmen dos dictámenes, uno de mayoría y uno de minoría.

La iniciativa reemplaza a una anterior que fue aprobada por la Cámara baja en 2016 y que el Senado modificó pero no sometió a votación porque Diputados -que debería votarlo de nuevo, por los cambios hechos- no garantizó su aprobación. “A diferencia de la media sanción, este proyecto tiene una estructura que significa una reforma del Código Penal, un proceso y garantías que tiene que tener todo ciudadano”, explicó Pichetto durante la conferencia de prensa en la que presentó el proyecto.

Desde sectores ligados al oficialismo hubo críticas a la oposición en la Cámara Alta por la demora en el tratamiento del proyecto. La diputada del Parlasur, Mariana Zuvic, fue durísima con la posición política de Pichetto, a quien señaló como el culpable de frenar la iniciativa: “Pichetto intenta hacer un pacto mafioso con el proyecto nuevo. Quiere la ley de extinción de dominio para preservar lo robado. El proyecto que presentó es para garantizar la impunidad desde Cristina, hasta José López”.

Por su parte el senador Rodolfo Urtubey sostuvo que la figura del decomiso “nunca funcionó bien” porque los bienes se deterioraban y que “por eso surgió la idea de la extinción de dominio como una acción civil que permitiera tomar los bienes vinculados al delito, administrarlos y recuperarlos para el Estado“. El nuevo proyecto, según precisó el legislador, establece la extinción de dominio como una acción “con autonomía dentro del proceso penal”.

El jefe del bloque también señaló que el proyecto contempla un mecanismo de revisión para los casos en que, tras una apelación, el tribunal de alzada rechace la condena de primera instancia y absuelva al acusado. De acuerdo al proyecto del justicialismo, la extinción de dominio se aplicará para los delitos de corrupción de funcionarios públicos, narcotráfico, proxenetismo, corrupción de menores y secuestro, entre otros.