Concejales y funcionarios del organismo provincial en la sede de Brown 73.

Por el término de dos horas se realizó en la siesta de ayer una reunión por el tarifazo de la EPE en la sede local de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe (Brown 73), con la presencia de funcionarios del citado organismo de la capital provincial, la mayoría de los concejales (hicieron un cuarto intermedio de la sesión ordinaria, ver aparte) y el grupo de vecinos autoconvocados.

FOTO J. BARRERA DEFENSORIA./ Concejales y funcionarios del organismo provincial en la sede de Brown 73. VECINOS./ En la reunión con carteles.

En la oportunidad, vinieron los doctores Liliana Campomanes, Lucía Gómez Iriondo, Carlos Manera y Mariano Vodanovich, con la ausencia con aviso del defensor Raúl Lamberto, quien participó de la audiencia pública por el gasoducto de la costa en Santa Fe.
La presentación del problema estuvo a cargo del presidente del cuerpo Legislativo Lalo Bonino con las normas de declaración sancionadas recientemente. Jorge Muriel recordó el petitorio entregado al gobernador Lifschitz, todavía sin respuesta, en su última visita a esta ciudad.
Lisandro Mársico le dio un enfoque técnico sobre la posibilidad de presentar una acción de amparo, aclarando que “no tenemos una logística jurídica y cómo se hace una demanda judicial desde la Defensoría”.
Después fue el turno del uso de la palabra de algunos autoconvocados, que ya habían testimoniado sobre sus padecimientos en las sesiones del Concejo, expresando el jubilado Ibarra que “hay proyectos que intentan su privatización, pero la empresa es de los santafesinos, no del Gobernador, que la usan para hacer caja, pero pedimos que vuelvan atrás con las tarifas”.
A su turno, el visitante Manera destacó que “hemos detectado errores en distintos lugares de la provincia al haber atendido unas 1.500 personas, teniendo en muchos casos la calificación de tarifa residencial cuando correspondía la social en unos 300 casos”.
Por su parte, Vodanovich mencionó las audiencias que hubo en Buenos Aires y Santa Fe, poniendo como ejemplo que el megavatio aumentó de 700 a 1.200 pesos, “habiendo manifestado que era desproporcionado e irracional. Hay que frenar las tarifas con un nuevo régimen. En Rosario plantearon la ley de intereses difusos y no se hizo lugar; está el caso de San Cristóbal con la presentación de una asociación de comerciantes, pero todavía no hay resolución”.
¿Puede la Defensoría del Pueblo presentar una acción judicial contra la EPE?, fue la pregunta que le hicieron a los funcionarios santafesinos.
Al respecto, Evangelina Garrappa leyó el artículo primero de la ley 10396: “se crea la Defensoría del Pueblo con el objetivo de proteger los derechos e intereses de los individuos y de la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la administración pública provincial y sus agentes, que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o configuren una desviación de poder (…) tiene a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos de la comunidad”.
Frente a la “presión” que le metieron los concejales y vecinos presentes, los funcionarios se comprometieron a llevar el reclamo a Lamberto y están juntando antecedentes en la materia para evaluar si conviene o no realizar una presentación judicial por el tarifazo, porque aclararon que en una situación similar con el gas de hace dos años, la Justicia dio lugar al amparo luego llegó a la Corte la que no dio lugar y los usuarios tuvieron que pagar las boletas con los aumentos.
En el caso de que no haya una respuesta satisfactoria de la Defensoría del Pueblo, los autoconvocados no descartan hacer una presentación judicial con el patrocinio de algún abogado del foro local. En la misma situación se está analizando una demanda similar en la capital provincial, según confirmaron anoche fuentes confiables a este cronista de LA OPINION.
A decir verdad, se trata de un problema complejo en el que están en juego los intereses de la EPE, la generadora Cammesa y la distribuidora Transener frente al derecho del servicio público de la electricidad, teniendo en cuenta el justo reclamo de los usuarios que pagan sus boletas, pero los últimos aumentos fueron ampliamente superiores a la inflación y a los incrementos salariales…