El juicio a la banda de Los Monos puso en marcha al Centro de Justicia Penal en un estreno a tono con su cometido. Pero en pocos días, las instalaciones estarán a pleno. Este viernes comenzará la mudanza del fuero penal al inmueble de Sarmiento y Virasoro y desde el miércoles 2 de mayo las audiencias por casos criminales se harán en las nuevas salas. Jueces, fiscales, defensores, presos, policías y forenses, los distintos actores del sistema penal, convergerán en la estructura vidriada de tres pisos del barrio Hospitales. Que desde el arranque ya queda chica para alojar a todos. Los camaristas, por caso, se quedarán en la sede de Tribunales de Balcarce 1651.

Las demoras en el traspaso del fuero penal parecen haber llegado a su fin. Los encargados de investigar casos penales, defender acusados o juzgarlos —hoy desperdigados en distintos edificios— convivirán bajo un mismo techo, aunque en sectores diferenciados. Como no habrá lugar para todos, algunas áreas de la Fiscalía y la Defensoría Pública permanecerán en edificios que se alquilan cerca de Tribunales. No se descarta a futuro alquilar otros inmuebles en barrio Hospitales.

El edificio que ocupa la manzana de Sarmiento, Virasoro, Mitre y Rueda fue construido en el predio donde antiguamente funcionó el Hospital Clemente Alvarez. La obra sufrió parates y postergaciones a lo largo de siete años pero finalmente el centro abrió sus puertas a fines de noviembre, cuando el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, recomendó realizar allí el histórico juicio a la banda de Los Monos. Un proceso oral de alta complejidad que abarcó a 25 acusados, 200 testigos y cuatro causas penales conexas. El debate duró cuatro meses y desembocó en altas penas a los implicados.

“El edificio estaba en condiciones de ser ocupado desde el año pasado, pero fuimos postergando el traslado. Era más conveniente esperar a que terminara el juicio por razones de seguridad”, dijo el integrante de la Corte Suprema de la provincia, Daniel Erbetta. Para ese proceso finalizado hace tres semanas se habilitó una de las salas más grandes del segundo piso, a la que sólo accedieron los jueces, las partes y la prensa. En otra sala se proyectaron las audiencias para familiares y el público. En pleno debate, no frenaron las obras para dar el toque final.

Una plaza cívica es la antesala de la construcción con unos 14 mil metros cuadrados de superficie cubierta. El inmueble —que según las últimas estimaciones representó una inversión de 280 millones de pesos— cuenta con tres plantas, subsuelo, un acceso principal por Sarmiento, otro para empleados por Mitre y cocheras bajo tierra. En el subsuelo hay 34 celdas de alojamiento transitorio y otras ocho se ubican contiguas a las salas de audiencias. Los recorridos de los detenidos dentro del edificio se harán por circuitos restringidos.

También habrá salas de reconocimiento de personas, un consultorio médico forense, un depósito de efectos secuestrados y una guardia policial. El edificio fue diseñado por la Unidad de Proyectos de Arquitectura de la provincia en base a las características del sistema penal acusatorio que en febrero de 2014 reemplazó el viejo procedimiento escrito e inquisitivo en la provincia. En julio pasado el centro fue entregado al Poder Judicial.

“Es un edificio totalmente pensado en función del nuevo modelo —amplió Erbetta—. El cambio para la región es muy positivo. Que se pueda contar con una infraestructura adaptada al sistema acusatorio tiene un valor simbólico y además va a agilizar el funcionamiento”. Para el ministro, la mudanza “se va a traducir en eficiencia del sistema porque es una ventaja comparativa tener a todos los actores concentrados en el mismo lugar”.

Según estimaciones de todos los actores del sistema, desde el arranque el centro no alcanza para cobijar al fuero completo. Por eso los espacios debieron aprovecharse al máximo, al punto que un sector de la planta baja pensado como bar se destinó a oficinas. Los jueces de segunda instancia permanecerán en Balcarce y Pellegrini, y las audiencias de apelación se seguirán desarrollando allí en cuatro salas del primer piso sobre Moreno. Otras ocho salas de Tribunales serán desmanteladas para proveer de sistema de audio al nuevo centro. Los espacios en desuso se destinarán más adelante a audiencias orales del fuero Civil.

Según Erbetta, la falta de espacio obedece a que “no es sencillo diseñar en función de sistemas que implican modos de litigación nuevos” y a que no estaba previsto al inicio crear nuevos cargos de jueces y fiscales. “Rescatamos que toda la primera instancia va a estar funcionando en un muy buen edificio”, indicó.

El edificio de barrio Hospitales cuenta con diez salas para audiencias y juicios. Las dos más grandes del segundo piso, ya equipadas, se usaron en el juicio a Los Monos. Otras dos intermedias funcionan en la misma planta. Seis más chicas se reparten en el primer piso. Concentrarán un alto caudal de litigios: el año pasado se realizaron unas 7.400 audiencias en primera instancia. La Oficina de Gestión Judicial manejará los horarios dentro de márgenes similares a los actuales, que oscilan entre las 8 y las 17.

Las denuncias se seguirán recepcionando por ahora en el Centro Territorial de Denuncias, de Montevideo 1968. En los Tribunales de calle Balcarce, en tanto, seguirá funcionando el sistema residual de causas previas a la reforma procesal, en trámite de instrucción o juicio escrito.

Para la preservación de audios está prevista la construcción de un centro informático, pero por el momento esa información se conservará en el Data Center de Tribunales. Se trazó un doble tendido subterráneo de fibra óptica que conecta los dos edificios para que los registros se conserven con los mismos estándares.

Esquema distributivo: un ala para cada sector

En el Centro de Justicia Penal las instituciones penales ocuparán espacios diferenciados. La Oficina de Gestión Judicial de primera instancia, con 60 empleados, se mudará a la planta baja sobre Mitre. Los 28 integrantes del Colegio de Jueces Penales de primera instancia se ubicarán en oficinas del primer y segundo piso sobre Mitre. Contarán con circulación independiente, para evitar contactos.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ocupará el ala de Virasoro en las tres plantas y un espacio del segundo piso por Rueda. Se mudan el fiscal general Jorge Baclini, el personal de la Auditoría General de Gestión, el fiscal regional Patricio Serjal, la Secretaría Regional y el departamento de Legal y Técnica. Las primeras serían las unidades con más movimiento de audiencias, como Flagrancia, Homicidios Dolosos e Investigación y Juicio. En la sede actual de Montevideo 1968 funcionarán la unidad de Delitos Sexuales, los equipos que trabajan en violencia contra la mujer y el Centro Territorial de Denuncias. La regional Rosario del Servicio Público de la Defensa, en tanto, se instalará sobre Rueda. La defensora general Jaquelina Balangione y su equipo permanecerán en 9 de Julio 2091.