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Por atrasos de largos meses en el pago a los prestadores del programa nacional Incluir Salud, unas dos mil personas con discapacidad que carecen de obra social sólo en Rosario podrían quedarse sin servicios tan elementales como hogar, transporte especial, rehabilitación, centros educativo-terapéuticos, prótesis y ortopedia, entre otras “prestaciones básicas”, afirmó uno de los referentes del sector, el kinesiólogo y directivo de dos instituciones especializadas, Fernando Flores.

En toda Santa Fe, los beneficiarios del programa llegan a tres mil y reciben 5.600 prestaciones. Sólo en Rosario, las “modalidades prestacionales” que utilizan estas personas —de sectores “muy vulnerables”, sin obra social y de todas las edades, desde bebés a ancianos— llegan a 1.130. Si las deudas no se cancelan, sus titulares ya contemplan cortar todos los servicios.

Incluir Salud es un programa federal que ofrece cobertura médico asistencial a los beneficiarios de pensiones asistenciales, leyes especiales y pensiones graciables.

En diciembre pasado quedó bajo la órbita de la Agencia Nacional de Discapacidad, creada tres meses antes en el ámbito de la Vicepresidencia de la Nación y donde esta semana se produjeron unos 60 despidos.

De hecho, el titular de la agencia, Javier Ureta Sáenz Peña, se tomó licencia del cargo (supuestamente porque obtuvo una beca en California) y los rumores en el organismo dicen que podría concluir sus funciones definitivamente el próximo 1º de mayo.

Pero esos avatares burocráticos constantes no son los únicos que vienen afectando al programa. “Desde el punto de vista económico-financiero, la verdad es que funcionó siempre mal”, contó Flores. Sólo que “el gobierno (de Mauricio Macri) prometió resolverlo, pero ya pasaron dos años y no mejoró nada”, sostuvo.

El programa siempre quedó en el medio de diferentes modificaciones administrativas y supuestos intentos de eficientización, que paradójicamente complicaron más las cosas.

Por ejemplo, “al digitalizar las partidas presupuestarias se atrasaron todos los pagos”, al punto de que el último período abonado a los prestadores —no la totalidad, sino sólo un 80 por ciento—, fue el trimestre agosto/septiembre/octubre del 2017, precisó el kinesiólogo. Desde entonces no les llegó ni un peso: llevan casi cinco meses sin cobrar.

Las instituciones sufren, encima, una deuda correspondiente a todo mayo del 2017, “por razones que desconocen”.

Ante ese panorama, esta semana los prestadores de Incluir Salud realizaron una asamblea en Buenos Aires donde comenzaron a delinear una “batería” de estrategias para garantizar los pagos y exigir la continuidad del programa nacional, algo que ya ponen seriamente en duda.

“El gobierno parece tener una meta: no pagar, achicar el gasto público como sea, por eso el ajuste ya llegó también a discapacidad”, arriesgó Flores, con el agravante de que se trata de beneficiarios “absolutamente humildes”, lo que “a la discapacidad le suma la mayor vulnerabilidad”.

Si no se paga, las medidas contemplan una de máxima: cortar todos los servicios. “No queremos llegar a eso, pero ya empieza a parecer inevitable suspender las prestaciones”, dijo el especialista.

Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, en el país unas 45 mil personas dependen del programa, tres mil de ellas de Santa Fe.