Obras de soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en Haedo, en febrero del año pasado.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi llamó a indagatoria a los investigados en la causa que investiga el pago de sobornos e irregularidades en la adjudicación de la obra del soterramiento del Tren Sarmiento. El extenso listado, según la resolución a la que accedió Clarín, comenzará en junio con Julio De Vido, e incluye a Angelo Calcaterra, los representantes de la constructora brasileña,el ex secretario de transporte Ricardo Jaime. Las 49 indagatorias concluirán con Jorge Corcho Rodríguez en octubre.

Las 49 indagatorias pedidas por el fiscal Franco Picardi, se harán en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento. Iecsa, la ex empresa de Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri- era parte del consorcio de firmas lideradas por Odebrecht. También fueron citados los demás integrantes de la UTE: los representantes de Ghella, Comsa.

Los dueños de Odebrecht admitieron haber pagado 36 millones de dólares a funcionarios argentinos hasta el 2015 para manipular diversos contratos de obra pública. Es sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que pagaron en otros once países para obtener obras. En ese contexto, en Comodoro Py hay tres causas sobre licitaciones adjudicadas a la constructora brasileña, sospechadas de irregularidades administrativas, sobreprecios y pago de sobornos.

Uno de los expedientes, investiga el soterramiento del tren Sarmiento. La obra, cotizada en 3.000 millones de dólares, fue otorgada al consorcio constituido por Odebrecht, IECSA (entonces de Calcaterra), Ghella y ComSa SA. Por el escándalo de las coimas, en junio del año pasado la brasileña se fue de la obra.

Las indagatorias a partir del 6 de junio con Julio De Vido y concluirán el 17 de octubre con el Corcho Rodríguez (señalado como intermediario entre los funcionarios y la firma Odebrecht) bajo la premisa de que hubo un “direccionamiento” de la licitación a favor del consorcio, y luego se generaron “modificaciones en el contrato original” que esconderían los supuestos sobreprecios y coimas.

Para el magistrado las instancias administrativas y una serie de reuniones realizadas previo a la licitación, y mail donde “se habla del pago de sobornos”, explicaría “el presunto direccionamiento de dicho proceso, los alcances de la contratación y sus modificaciones en beneficio del consorcio ganador”, que integraba entonces la constructora IECSA.

Todos los imputados están acusados ​de participar en lo que Martínez De Giorgi denominó como “anómalas circunstancias” señaladas por un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que conduce Sergio Rodríguez y que expusieron “sospechas en torno a los sucesos acaecidos en relación proceso licitatorio que se vinculan de manera directa con los pagos efectuados por parte de la empresas adjudicatarias de la obra, a la empresa CAESA y aquellos confesados por la empresa Odebrecht”, indica la resolución.

El fiscal Picardi cree que los sobornos se pagaron a través de la empresa CAESA de Manuel Vázquez, ex asesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, por unos 600 mil pesos, y por pagos a través de empresas offshore radicadas en el exterior.

En este contexto, el juzgado siguió la ruta de los presuntos sobornos, “los pagos que se han podido identificar con destino a los funcionarios públicos investigados, emanaron directa o indirectamente de sociedades que integraron la UTE contratada y se presentan,a la luz de las pruebas colectadas, como la contraprestación y justificación del desarrollo irregular señalado”.​

En relación a la millonaria obra, se distinguieron al menos dos formas en las que se materializó la maniobra de pagos irregulares. Por un lado, a través de pagos a la empresa CAESA, por servicios de consultoría presuntamente inexistentes, y también, por intermedio de transferencias “que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través desde su “División de Operaciones Estructuradas”, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”, señaló Martínez De Giorgi.

Ante el Juez deberán responder no sólo los ex funcionarios de Planificación Federal, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, como así también, a los apoderados de las empresas privadas adjudicatarias “que hubieren intervenido de manera efectiva en el expediente y/o participando en reuniones con los funcionarios públicos intervinientes”. Como así también, los responsables dela firma CAESA S.A., señalados como intermediarios entre la firma brasileña y los ex funcionarios.