IDM es una empresa sanlorencina, pionera en el país en tratamiento de residuos industriales.

Con casi 30 años de trayectoria, la firma cuenta hoy con tres plantas industriales y un plantea de 200 operarios directos y otros 100, indirectos; ergo, casi el mismo número de trabajadores que hoy posee una de las empresas ícono de la región: Oil Combustibles. O como otra, también pionera en la región y dedicada al mundo de los agronegocios: Buyatti.

En este caso, no se trata de una malversación de fondos, como ocurrió en la refinería sanlorencina, o una mala cosecha combinada con la falta de inversiones, como la cerealera de Puerto San Martín. Todo obedece a una caprichosa resolución del Ministerio de Medioambiente de la Provincia que desconoce una habilitación por ellos mismos expedida que reconoce a IDM como empresa dedicada tanto al tratamiento de residuos industriales como a su disposición final.

“Nos informaron que la habilitación que nos emitieron no es más válida, que ya no podemos seguir generando la disposición final de los residuos, pero no se nos exponen bajo que argumentos técnicos y legales sostienen una resolución así. Además, cumplimos con todos los parámetros requeridos, superamos cada una de las inspecciones a las que fuimos sometidos y jamás tuvimos un siniestro; sin embargo se nos indica que la disposición final de los productos que tratemos lo realicemos en otra compañía”, señaló el ingeniero Enrique Lauría, uno delos titulares de la firma, para resumir las resoluciones y exigencias de la cartera medioambiental.

En este contexto, Lauría fue preciso: “No nos dejan más remedio que cerrar”. Y si eso se cumple, 300 operarios directos e indirectos perderían su fuente de trabajo, sin razón aparente alguna.

“Medio Ambiente nos notifica un incumplimiento de un inciso de un artículo de una resolución ministerial (no siquiera es una ley) y por eso nos suspenden, pero al consultarlos sobre los argumentos para tomar dicha decisión, no tienen manera de exponerlos, de explicarlos. Ni siquiera el ministro, con quien me reuní días atrás, supo decirnos algo”, agregó el industrial.

“Solo se nos menciona una presunción, es una cosa de locos”, siguió indicando Lauría, quien se mostró decidido a cerrar su empresa y a seguir este caso “hasta las últimas consecuencias, administrativas y judiciales, para que el gobernador se entere de la gente que tiene a su lado”.

Y reconoció que, si la Justicia investiga, todo terminará en un gran escándalo político.

Entre algunos de los tantísimos clientes que esta empresa posee se destacan firmas tales como General Motors, Dow Química, BASF y la Empresa Provincial de la Energía (EPE), por solo citar un par de nombres.