La ministra brindó declaraciones con respecto al paro

Al asumir como ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich se trenzó en una confrontación tan fuerte con el gobierno de Miguel Lifschitz que estuvo a punto de intervenir la policía santafesina. Esa pugna inicial quedó superada por un trabajo conjunto que se tradujo, según dice, en una marcada baja de los homicidios y los robos. En temática de narcotráfico la funcionaria cree que se deben seguir a fondo las pesquisas por droga de la Banda de Los Monos remitidas hace cinco años a la Justicia Federal y considera buen camino el traspaso a los tribunales provinciales de las causas menores de estupefacientes. En relación a esta temática reivindica que el gobierno haya pedido a Estados Unidos que incluya a Argentina en el combate contra las drogas. Consultada si la gestión de Mauricio Macri podría convocar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna ofrece una de sus usuales respuestas polémicas. “Por ahora no”.

—Las relaciones entre Nación y provincia se inició con fuertes tensiones. Usted incluso consideró intervenir la policía santafesina. ¿Cómo está hoy ese vínculo?

—Cuando llegamos al gobierno la provincia de Santa Fe venía con una experiencia traumática del gobierno nacional. Según la provincia el gobierno previo al nuestro tenía una estrategia más de marketing que política de seguridad, les cobraban mucho dinero la presencia de las fuerzas federales y los acusaban de narcoestado. Quizá no diferenciaron a un gobierno nacional que venía decidido a un cambio real en el tema de narcotráfico y no algo de impacto mediático. También tuvimos que decirles que ellos necesitaban cambiar modos de tratar el delito local e intervenir en los barrios más complejos. Ellos separaban mucho allí la intervención social de la de seguridad y era necesario pensar una integralidad. No había que justificar a la policía sino generar una autoridad mayor. Ser duros cuando había que serlo, y cuidarla ando había que hacerlo, y no tener una mirada tan naif con la policía. Eso llevó a una discusión fuerte pero productiva que nos permitió una operación conjunta en la que se fue ganando confianza. Veníamos de una mala experiencia en el inicio con los tres prófugos (la fuga de los hermanos Lanatta y Schillacci convictos por triple crimen que fueron capturados en territorio santafesino por fuerzas provinciales) que pareció una película de los tres chiflados. Eso generó una base de desconfianza que el trabajo conjunto dejó atrás. Analizamos los temas en conjunto y eso se vio con operativos importantes: en la baja de homicidios, en la baja de robos y en el control de los barrios más complejos. Todavía hay algunos temas que tenemos que poder entender y revisar. Nosotros creemos que tenemos un mejor trabajo barrial en Alto Verde en Santa Fe pero no podemos replicarlo en Rosario.

—¿Por qué cree que pasa eso?

—Porque no se aborda con esta integralidad de política social y de seguridad de la mejor manera. Consideramos que cuando la política no le saca conducción y protagonismo a los que tienen un estado paralelo la política social termina siendo funcional a ese estado paralelo. En barrios donde la territorialidad puede estar dominada por bandas es necesario que la política de seguridad y la social vayan de la mano. Eso es algo que lo estamos haciendo en todo el país con buenos resultados, también en Santa Fe en Alto Verde y ahora en Barranquitas, pero en Rosario necesitamos que esta concepción se comprenda. Es un debate.

—¿Ve ese fenómeno focalizado en Rosario? En Barracas, el Bajo Flores y Retiro hay problemas de violencia y drogas muy parecidos a los que se ven acá en Tablada, Ludueña o Las Flores.

—Bueno, pero tenemos varios barrios modelos como la 1-11-14 (Villa de Flores) donde entramos hace un año y bajamos los homicidios arriba del 70 por ciento. En la 21-24 (Barracas-Pompeya) también. Se hace un trabajo de tramas entre seguridad y política social. Sin dudas que hay situaciones comparables pero el tema es cómo conducimos nosotros. Acá en Rosario nos ha pasado que en este primer bimestre tuvimos un recrudecimiento de homicidios. Tenemos que volver a la desaceleración que se había logrado. Hay que entender lo que pasa: perseguir a los que hay que perseguir, desactivar esta lógica de sicarios, de familias que se pelean, del manejo del delito de bandas desde la cárcel. Hay que cortar eso. Nos nutrimos mucho de los datos que construye la provincia. Notamos que en Rosario hay mejor información criminal que en Santa Fe. En Rosario está el OJO (la central de recepción de información criminal donde se diagraman las operaciones policiales). Ahora estamos en el trabajo conjunto enfocados en una acción más específica. Queremos hacer menos patrullaje e ir sobre núcleos que han querido sustituir a los grupos que han quedado eliminados o en prisión. Si uno tiene un barrio donde sabe que hay una lógica de violencia tiene que ser capaz de detectar los puntos que tiene que judicializar para bajar esa violencia.

—Usted calificó como histórico el juicio a la Banda de Los Monos. Se trataron hechos violentos que, como se vio en las audiencias, fueron generados por hechos de narcotráfico que no han sido abordados. En la Justicia Federal están esas constancias pero no se conoce si hay investigaciones. ¿Están interiorizados de eso?

—La Justicia Federal tiene que hacerse cargo de los juicios de narcotráfico relacionados con acciones de la Banda de Los Monos. Los Monos no mataban por objetivos perversos. Eran una organización cuyo objetivo principal era la venta de estupefacientes para ganar dinero. Con eso montaron las típicas lógicas de los cárteles: cuerpos de sicarios, control territorial. Hay que ir por eso también. Eso es importante y nosotros vamos a hablarlo con los jueces para que así como la justicia cayó contra las zonas de violencia que generaron ahora también sean juzgados por el narcotráfico.

—El mayor estímulo del narcotráfico son los altos réditos que produce y entran a la economía legal. ¿Cómo persigue esto su gestión?

—Desde que llegamos pedimos al parlamento la ley de extinción de dominio de los bienes generados con fondos ilícitos. Si no hay eso lo que pedimos es el decomiso inmediato. Les pedimos a muchos jueces que les saquen a las bandas el capital de trabajo. El narcotráfico trabaja con un capital inicial que genera una reproducción. Si les sacamos camiones, avionetas, casas, depósitos e infraestructura los golpeamos. Esto tiene que ser una acción autónoma. Un traficante que está preso porque lo agarramos con diez kilos de cocaína pero su capital sigue operando no tiene sentido. Necesitamos que estos bienes se interdicten y los pierdan. Si otro quiere seguir el negocio no debe tener la facilidad de tener todo armado para seguir la posta. Y esto incluye la economía legal. El 80 y el 85 por ciento del narcotráfico se mueve en canales informales. No se bancariza. Compran autos o propiedades. Hay que seguir esas rutas del dinero. En los casos más importantes les sacamos todo. A los campos de Delfín Castedo (terrateniente narco en el norte de Salta) hoy los administra la Universidad de Buenos Aires. El caso de Los Monos fue previo a todo esto y el decomiso fue al final. Nosotros buscamos el decomiso el primer día.

—Varias investigaciones federales del norte del país captan como rutinario el tránsito de camiones cisternas con droga hacia la zona portuaria de Rosario. ¿Están viendo eso?

—Sí. Estamos trabajando con la Procunar (Procuraduría de Narcotráfico) y con nuestra Subsecretaría de Vigilancia de Fronteras un programa especial Hidrovía. La información es reservada.

—En su reciente viaje con el ministro de Defensa Oscar Aguad, el gobierno argentino le pidió a Estados Unidos que incluya a Argentina en el combate contra las drogas en la región?

—Sí.

—Hay países que han criticado como un daño mayor el resultado de la ayuda.

—Pero la perspectiva que nosotros tenemos con la DEA (la agencia norteamericana de drogas) es intercambiar información. La DEA nos da información que nos permite desarticular bandas o cárteles que operan en Argentina. Bovinas blancas (el decomiso de dos toneladas de cocaína en bovinas en Bahía Blanca) fue por información de la DEA. Lo mismo el caso del colombiano José Piedrahita (que lavó dinero narco por 15 millones de dólares) atrapado en Buenos Aires y con conexión con la familia de Pablo Escobar, que trabajaban en Nordelta, tenían empresas y habían construido aquí una gran estación de tren. ¿Qué nos dan ellos? Informacion.

—¿Y qué les daríamos a ellos, extradiciones?

—Información y extradiciones, sí. Hace poco se extraditó a “Mi Sangre” (el traficante colombiano radicado en Tigre Henry Londoño) que acaba de ser condenado a 40 años de prisión en EEUU con dos policías argentinos como testigos. Nosotros tuvimos a este traficante viviendo cuatro años en Argentina y no teníamos tan buena información como para condenarlo. Esto no solo lo hacemos con la DEA sino con todos nuestros países vecinos, a veces con más dificultad con algunos. Lo hacemos con los países de la Unión Europea en su totalidad. También con Rusia como tuvimos ahora el caso de las valijas en la embajada de ese país en Buenos Aires. América Latina tiene casi el 100 por ciento de producción de cocaína que se deriva hacia el mundo entero de tres países: Colombia, Perú y Bolivia. Sin dudas que esa droga trata de salir para llegar a EEUU y Canadá. Otra parte viene al sur. Hoy cualquier cargamento que salga de Argentina como nos pasó el año pasado con Portugal, Italia o España es como información oro en polvo porque nos permite reconocer las rutas.

—¿No corremos el riesgo de que al estimular acuerdos con EEUU se adopten políticas de corte represivo como se vio en México, que en pocos años dejó 50 mil muertos civiles y bandas fortalecidas?

—No, porque nuestro acuerdo con la DEA es un acuerdo por información. La política contra el narcotráfico en Argentina la conduce el presidente Macri a través del Ministerio de Seguridad, de la Agencia Federal de Inteligencia. Nosotros buscamos estrategias de información. La política la conducimos nosotros.

—¿Qué idea tiene sobre participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interna?

—Hasta ahora la experiencia en Argentina la hizo el gobierno anterior llevando tropas a la frontera sin capacidad de operación. Es como mandar un policía a un tiroteo desarmado. No tiene mucho sentido. Mientras la Argentina no madure en pensar que eso hace falta. Nosotros cambiamos el paradigma. No creemos que (el control de la droga) sea un problema de número, es un 80 por ciento inteligencia y un 20 por ciento casualidad. Nos interesa más intercambiar información con Brasil, Paraguay, Colombia, Chile, Bolivia, España y trabajar en equipos de comunidades de inteligencia criminal para entender por qué rutas entra o sale la droga que poner el acento en una cuestión de fuerzas.

—¿Tienen lugar las Fuerzas Armadas en el diseño de la seguridad interior en temas de drogas?

—En este momento no.

—¿Eso quiere decir que puede cambiar?

—No lo sé. No es un tema que dirija ni maneje.

—En Santa Fe está en discusión trabada el traslado de las causas menores de droga de la Justicia Federal a la provincial. ¿Qué cree usted?

—Por un problema de escala hay que desfederalizar. Las fuerzas federales no tienen capacidad de llegar a la preocupación del vecino de Las Parejas, Las Rosas o Rafaela. Nosotros no tenemos la territorialidad que tienen las fuerzas provinciales. Hay que hacer una mesa de articulación entre justicia provincial y federal y fuerzas de seguridad de los dos ámbitos y con cuerpos especializados en drogas. No con toda la policía. Se debe analizar paso a paso para que no se transforme en un problema. Creemos en la investigación de fuerzas provinciales en narcomenudeo. Pero que no se corten las investigaciones: donde tengo un bunker tengo alguien que llegó, vendió, trajo de la frontera. Cuando la causa provincial tiene datos importantes pasan a la Justicia Federal que tiene prórroga de jurisdicción para que investigue la cadena. Pero ese quiosco en el barrio se desarma y libera a los vecinos de un problema. No podemos tener un bunker tres años abierto porque estamos investigando hacia arriba.

—Para Procunar las experiencias cordobesa y bonaerense en desfederalización no son buenas.

—Santa Fe puede aprender de lo que está bien. La experiencia de Córdoba no es tan mala. Salta tiene cosas positivas. Lo que está claro es que las fuerzas federales y la Justicia Federal en su actual distribución no tienen capacidad de llegar a cada bunker de cada lugar. A mi me gusta la Justicia de Santa Fe. Es joven, moderna, tiene régimen acusatorio. Me parece que está en condiciones de hacer un buen trabajo. Y en la policía hay que hacer cuerpos especializados, profesionales y muy auditados. El narcotráfico es un delito que soborna policías, políticos y jueces. Hay que entender la naturaleza del conflicto para que no nos coopten. También es un delito que cambia. En Rosario se está repitiendo el intento de volver a manejar territorios por medio de la muerte y eso lo vamos a parar. Se puede parar la droga sin violencia. Nosotros tomamos la teoría del conflicto. Cuando tenemos un territorio donde hay más de una banda no hacemos allanamientos aislados porque entonces ayudamos a la regulación: sacamos una y la otra toma el monopolio. Vamos por todas.

Elogio. “Me gusta la Justicia de Santa Fe, es joven, moderna y tiene sistema acusatorio”.