El juez Basualdo dio a conocer los fundamentos del por qué dispuso llevar a juicio a Pablo Zancada y al CPN Roberto Fumo por defraudación al Estado; peculado; abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documento privado falso. Caso Unimog y el subsidio trucho a nombre de aborígenes.

El magistrado da crédito a las acusaciones del Fiscal Aldo Gerosa y de los abogados querellantes Andrés Ghio y Andrés Ramseyer, diciendo: “Entiendo como Juzgador que existen elementos probatorios, indicios y evidencias, que posibilitan seriamente respaldar las acusaciones (pública y privada) ; para obtener una sentencia condenatoria y que las mismas tienen un respaldo probatorio serio y verosímil”; y rechazó la pretensión del sobreseimiento diciendo: “La orfandad probatoria de la defensa en la pretensión de sobreseimiento y apoyatura de sus dichos es absoluta; y bien conoce éste Magistrado que la defensa no debe probar nada sino la acusación; pero aquí en éste punto al pedir el sobreseimiento y dedicando la mayor parte de su alocución a endilgar responsabilidades penales a otras terceras personas, debió ofrecerlas como testigo al menos; ya que los indicios y evidencias de cargo para ambos imputados y que contiene la acusación aparecen verosímiles”.

El Dr. Gonzalo Basualdo, juez de la Instrucción Penal Preparatoria, consideró:

A) Habiendo oido al MPA quien formulara su acusación, la que no ha sido objetada por la Defensa (art. 297 CPP) sin perjuicio de las consideraciones y planteas ya resueltos ab initio, atento el debate producido al respecto y que se cumplimentaron formalidades de ley- y, que de las pruebas que menciona se advierte que las mismas tienen proyección de una posible condena (art. 294 CPP) -según valuación que se amerita con las limitaciones propias de esta etapa procesal-, por lo que corresponde admitir en su totalidad la acusación del Fiscal y querella en el presente legajo por el hecho ventilado, así como también tener presente la calificación legal seleccionada por las acusadoras.

En razón de lo expuesto en el presente párrafo y con anterioridad, no habrá de hacerse lugar a los planteos modificatorios de la calificación legal ensayados por la defensa, facilitando la oportunidad del debate para demostrar en audiencia oral y pública los extremos sostenidos por el curial de la defensa.

B) En consecuencia, corresponde ordenar oportunamente la apertura del juicio contra los encartados PABLO VENTURA ZANCADA, titular de DNI N° 8.106.219 Y ROBERTO CARLOS FUMO, titular de DNI N° 24.194.945, por los delitos seleccionados por la fiscalía.

C) Que no existiendo planteos respecto de la condiciones cautelares oportunamente ordenada sobre las personas de los encausados, corresponde su ratificación (art. 303 inc. 6 CPP).

D) En cuanto a la Prueba propuesta por las partes que se debe evaluar en esta etapa, corresponde su admisión en su totalidad, lo que así he de declarar al no advertir motivos de objeción legal alguna (art. 303 inc. 9 CPP).

Por todo ello, lo registrado en soporte magnético por la Oficina de Gestión Judicial a la que corresponde remitir y normativa de aplicación antes mencionada, es que

RESUELVO:

A) ADMITIR en su totalidad la acusación de las acusadoras en el presente legajo contra PABLO VENTURA ZANCADA, titular del DNI N.O 08.106.219 Y ROBERTO CARLOS FUMO, titular del DNI N° 24.194.945 con demás datos de identidad obrantes en el presente legajo (art. 303 inc. 10. CPP); no haciendo lugar a los planteos de la defensa por los motivos expuestos ut supra.

B) ORDENAR OPORTUNAMENTE LA APERTURA DEL JUICIO contra los encartados PABLO VENTURA ZANCADA, titular del DNI N° 08.106.219 y ROBERTO CARLOS FUMO, titular de DNI N° 24.194.945, debiéndose tramitar por Tribunal Unipersonal (arto 43 C.P.P.);

C) ADMITIR LA PRUEBA OFRECIDA POR CADA UNA DE LAS PARTES, SEGUN MODALIDAD EXPUESTA EN AUDIENCIA (art. 303 inc. 900 CPP).

D) Tener presente y aceptadas en su totalidad las probanzas que para el debate ofrecieran el MPA, la querella y los defensores técnicos en sus escritos de acusación y respectivo responde, y las vertidas en audiencia.

E) En relación a la libertad de los encartados, ratifíquese la misma.

Insértese y agréguese copia. Resérvese documental y demás prueba entregada para ser utilizadas en la etapa procesal correspondiente. Notifiquese.

Firmado: Juez Penal de Primera Instancia Gonzalo Basualdo.

¿Y los acusados por Zancada?.

Dice el juez: “Con respecto a las demás personas que la defensa; entiende resultan partícipes del delito: los Paniagua, Yapur, o Gutierrez, no han sido denunciados aparentemente por la defensa ni hay CUIJ en trámite (causa formada) contra los mismos; y sería un exceso de mi parte hacer conjeturas sobre posibles hechos delictivos que corresponde investigar al Fiscal (si cree que hay delito) o denunciar la defensa (lo que desconozco si realizó)”.

Pedido de condena:

La pena que solicitó la querella se imponga al momento de ser condenados los imputados son de:

a) Para Pablo Ventura Zancada la pena de Cuatro (4) años y Seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas y, asimismo, la accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos o empleos públicos.

b) Para Roberto Carlos Fumo la pena de Tres (3) años y Seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas y, asimismo, la accesoria de inhabilitacion perpetua para ejercer cargos o empleos públicos.

Para la fijación de la misma, son circunstancias de interés: siguiendo el art. 451 del CP pueden distinguirse en esta acusación y con relación a ambos acusados, circunstancias que aumentan la culpabilidad y el reproche penal, por ende la respuesta punitiva, y otras que obran en sentido inverso. De su ponderación conjunta resulta la pena en concreto peticionada. Dichas circunstancias son:

Circunstancias agravantes de la culpabilidad y el reproche:

“Art. 41.- … 1º. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla…” La repetición y serie de ardides y zancadillas; para defraudar al Estado provincial, del cual eran funcionarios públicos, pero lo más grave S.S. es que en ello se llevaron puesta nuestra dignidad como pueble originario; ultilizándonos (como antaño) de la manera más vil y repugnante.- Se han aprovechado de nuestra condición de personas vulnerables y victimizándonos de diversas maneras y nó es sólo ello sino que aún luego de la denuncia y la promoción de la acción penal; intentan hacer aparecer que la comunidad lucró con venta del camión, más artero aún.-

“Art. 41º: … 2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, …” El Sr. FUMO es contador público nacional, desempeñando en la administración pública funciones inherentes a la misma que requieren de dicho título habilitante. El Sr. ZANCADA es una persona de larga trayectoria en la actividad comercial, como en la función pública, habiendo sido diputado nacional por el distrito electoral Santa Fe y funcionario del Poder ejecutivo Provincial en varias oportunidades. Éstos antecedentes, niveles de educación, edades, actividades anteriores hacen que la conducta desplegada sea más reprochable aún.-

“Art. 41º: … 2º… la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir…”: Debe considerarse en este sentido que no fueron necesidades básicas insatisfechas suyas o de personas por las que debieran especialmente velar las que determinaron la conducta, por el contrario, se trató de una estafa en un año electoral con destino incierto del dinero, con compras de bienes a sí mismo (ZANCADA a su comercio, o mejor dicho, de la SRL que él gerentea). Infame y deleznable. Mayor culpabilidad, mayor pena.

“Art. 41º: … 2º …la participación que haya tomado en el hecho,…”: Ambos son autores o partícipes necesarios de los hechos más graves, por ende su determinación por el incumplimiento voluntario y consciente de la norma jurídica es merecedor de mayores reproches.

“Art. 41º: … 2º… y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y … modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad…” Las víctimas y/u ofendidos por los delitos es la comunidad de etnia mocoví, particularmente pobre y necesitada, a cuyos dirigentes, valiéndose del peso de la amistad, autoridad y de reiterados engaños e insistencias se vulneró en sus derechos más esenciales: no ser víctimas de un ilícito, no ser ofendidos en su dignidad y consideración moral. Ahora la comunidad tiene una deuda por la mala inversión del subsidio y la imposibilidad de rendir cuentas en legal forma, y si el estado provincial condonara dicha deuda, sería una pérdida sensible para éste, o sea para toda la comunidad santafesina. Todo ello demuestra la falta de escrúpulos que les permitió, para fines ilegítimos o inconfesables, utilizar a personas vulnerables sin miramientos de ningún tipo.

Dicen que tienen en cuenta que ambos no tienen condena previa.

La defensa había pedido la nulidad de las actuaciones, además de considerar que no hay prueba de la comisión de delitos, a lo que el juez de esta instancia no dio lugar. Queda el recurso de la apelación para intentar evitar el juicio, si es que un juez superior no coincide con Basualdo.

En el juicio, la acusación presentará 40 testigos y la defensa 35, incluyendo hasta al Obispo.