Seguirá en libertad, hasta que la Cámara de Casación confirme la resolución.

La Cámara Federal porteña dispuso el procesamiento con prisión preventiva de Roberto Baratta, que fuera el segundo de Julio de Vido en el ministerio de Planificación. Aunque por ahora el exfuncionario K seguirá en libertad, hasta que la Cámara de Casación confirme la resolución, en la causa por irregularidades en los fondos destinados para obras en la mina Río Turbio.

Baratta, que hace poco más de un mes recuperó su libertad en la causa por la compra de gas licuado, ahora corre riesgo de volver a quedar detenido de quedar firme el fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero. En la causa Río Turbio, por la que está detenido el exministro K de Planificación Federal, se investiga el desvío de fondos para distintas obras en la mina Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, con un presupuesto total de $ 26.000 millones, y el desvío de $ 265 millones que no fueron destinados a obras.

En primera instancia el juez federal Luis Rodríguez había procesado a Baratta pero sin prisión preventiva, lo que fue apelado por el fiscal Carlos Stornelli, que fue desplazado por pedido del exfuncionario. Ahora los camaristas Irurzun y Bruglia ordenaron la detención de Baratta; de Martín Goicochea, decano de la UTN Río Gallegos; y Hugo Sánchez, presidente de la Fundación de la universidad. Además solicitaron la prisión preventiva del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, está detenido en otra causa conexa a la causa madre de Río Turbio.

Baratta había conseguido su libertad cuando la Sala I de la Cámara federal porteña dictó la falta de mérito en la causa donde el juez Claudio Bonadio lo procesó por la compra de gas natural licuado a través de buques. El segundo de De Vido seguirá en libertad en la causa por corrupción, hasta que el fallo de Cámara quede firme.

Según la investigación la maniobra investigada se realizó a través de convenios de cooperación entre Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), la UTN, la Facultad Regional Santa Cruz (FRSC) y la Fundación. En su resolución, Rodríguez advirtió que “se encuentra acreditado que no se respetó la normativa vigente y se burlaron los principios que rigen toda contratación con fondos públicos, lo que satisface el requisito típico del delito en cuestión”.

Para el juez, además, se concluyó que “la maniobra investigada reportó un claro perjuicio patrimonial al Estado, que tal como se detalló al imponer el hecho al imputado, se compone de las comisiones efectivamente abonadas con fondos del Estado Nacional a la FRSC (Facultad Regional Santa Cruz) y a la Fundación (de esa facultad)”.

Como había revelado un informe de Periodismo Para Todos en 2014, la mina perdía U$S 350 mil por día, con un millonario subsidio del Estado. La empresa no exportaba ni vendía carbón ni contaba con la suficiente inversión para poder ser abastecida de combustible.